Las protestas en Georgia llegaron este lunes a su quinta noche consecutiva, después de que el gobierno decidiera aplazar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, un proceso que había sido central en la política del país desde 2023. Miles de manifestantes, en su mayoría partidarios de un acercamiento a Europa, se concentraron en Tiflis y otras ciudades exigiendo nuevas elecciones tras las disputadas legislativas de octubre, que llevaron al partido Sueño Georgiano al poder. El gobierno, acusado de “tendencias autoritarias” y de “alinearse con Moscú”, defiende la decisión de suspender las negociaciones hasta 2028, argumentando que “este paso no pone en peligro el futuro europeo de Georgia”.
El conflicto político se intensifica con la postura de la presidenta Salomé Zurabishvili, quien ha calificado de “ilegítimas” tanto las elecciones como al gobierno actual. Si bien Zurabishvili ha respaldado las protestas en las calles, la situación se ha complicado con las acusaciones del primer ministro, Irakli Kobakhidze, que asegura que “las manifestaciones están siendo financiadas desde el extranjero”, como las del Euromaidan Ucraniano en 2014. Las fuerzas de policiales han recurrido a cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, mientras el gobierno insiste en que “no habrá nuevas elecciones”.
En el ámbito internacional, la situación ha generado reacciones, con algunos occidentales, como Ucrania y los Estados bálticos, interferiendo directamente al criticar la postura del gobierno de Georgia. Sin embargo, la situación refleja también las complejidades geopolíticas en juego, con una población dividida entre los que apoyan un acercamiento a la UE y aquellos que ven la esfera rusa una opción más pragmática en el contexto del Cáucaso. A medida que las protestas se prolongan, Georgia se enfrenta a un dilema sobre su orientación futura y su estabilidad política.
