El 5 de octubre de 2020, los trabajadores y trabajadoras del Grupo de Empresas ALSA iniciaron una huelga en Asturias para exigir la recuperación de líneas y frecuencias de autobuses, la reapertura del servicio de taquillas, el cese de despidos y el cumplimiento del convenio colectivo. Según explica el grupo de apoyo a los trabajadores encausados, la protesta surgió en respuesta a medidas impuestas por la empresa bajo el pretexto de la pandemia de Covid-19, que derivaron en “condiciones laborales abusivas, hacinamiento de pasajeros y un grave riesgo para la salud pública”.
Mientras se recortaban servicios esenciales, ALSA continuaba recibiendo millonarias subvenciones públicas justificadas por la baja ocupación de los autobuses que acarrearon las restricciones sanitarias. Así, la huelga tuvo un amplio respaldo de la plantilla y el apoyo activo de asociaciones vecinales y colectivos sociales, que organizaron manifestaciones para visibilizar las demandas laborales y sociales de los trabajadores.
En un giro judicial, ALSA denunció daños en sus autobuses, atribuyéndolos a los huelguistas, lo que derivó en acusaciones penales contra dos trabajadores, que ahora enfrentan una solicitud de tres años de prisión cada uno. Para denunciar esta situación y defender a los imputados, ha surgido el Grupo Sofitu de Apoyo a los y las Huelguistas de ALSA, que acusa a la empresa de “desviar la atención de sus ilegalidades mientras reprime selectivamente a quienes lucharon por derechos laborales y mejoras en el servicio”.
El caso ha generado indignación, pues señalan que, mientras los huelguistas enfrentan la justicia, “no se han investigado las denuncias de malas prácticas por parte de la multinacional en Asturias”. El grupo solidario subraya la necesidad de justicia y apoyo ante lo que consideran un atropello contra la defensa de los derechos laborales.
