Desde que estallara la guerra a gran escala en Ucrania en 2022, más de 1.000 días de sanciones internacionales han intentado presionar a Moscú, afectando a bancos, empresas y ciudadanos rusos. Sin embargo, a pesar de las predicciones iniciales, el gobierno de Vladímir Putin continúa firme, y las fuerzas rusas han logrado avances significativos en el frente. El presidente electo Donald J. Trump ha indicado su intención de utilizar sanciones “lo menos posible” mientras promete “finalizar la guerra rápidamente”, lo que ha reavivado las discusiones sobre la efectividad de estas medidas.
Analistas como Sergei Guriev, economista ruso exiliado y actual decano de la London Business School, señalan que las sanciones fueron concebidas “más como una herramienta de largo plazo que como una solución inmediata”. Guriev afirma que las expectativas de colapsar rápidamente la economía rusa o desestabilizar el gobierno de Putin eran “poco realistas”. A su vez, medios como The New York Times reconocen que, aunque las sanciones han ralentizado el crecimiento económico ruso y afectado a consumidores, “no han debilitado el aparato militar ni disminuido la determinación del Kremlin”.
Con Trump prometiendo un enfoque más pragmático hacia Rusia y Ucrania, las sanciones podrían convertirse en una moneda de cambio en futuras negociaciones. Según The New York Times, los asesores de Trump consideran reducir algunas restricciones para facilitar acuerdos de paz, pero esto ha generado preocupación entre aliados europeos, quienes temen que una disminución de la presión económica sobre Moscú refuerce la posición geopolítica de Rusia. El mundo observa atentamente cómo evolucionará esta política y qué impacto tendrá en el curso del conflicto.
