El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes un paquete de 12 medidas para “abordar el problema del acceso a la vivienda”. Durante el foro Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar, celebrado en Madrid, Sánchez detalló iniciativas como “la creación de una empresa pública de vivienda que gestionará 30.000 inmuebles procedentes del banco malo“, una exención fiscal de hasta el 100% para propietarios que alquilen “de manera asequible”, y un incremento de los impuestos a pisos turísticos. Según el presidente, estas políticas son “un esfuerzo valiente y necesario para corregir las carencias del sistema actual”.
Entre las medidas, destacan un nuevo PERTE financiado con fondos europeos para construir viviendas de forma industrializada y modular, así como una reforma fiscal para que las viviendas turísticas tributen como negocios, incluyendo la aplicación del IVA en áreas tensionadas. Además, aseguran que limitarán la compra de vivienda “por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes” y se endurecerían las inspecciones a alquileres fraudulentos. Sin embargo, persisten dudas sobre qué sucedera con la compra de vivienda por parte de extranjeros comunitarios no residentes, que abarcan la mayoría de las compras de viviendas por parte de extranjeros en el Estado español. Aunque Sánchez afirma que estas iniciativas buscan combatir “un modelo fallido y neoliberal” atribuido exclusivamente al PP, desde la oposición y sectores del mercado inmobiliario se han criticado las medidas por considerarlas “intervencionistas” y de “dudosa efectividad”.
Fuentes de RTVE indican que las medidas se propondrán al Congreso de los Diputados en las próximas semanas para su debate, en un contexto de fuertes divisiones políticas. Por su parte, partidos como Junts y Sumar han señalado la necesidad de “ir más allá”, criticando el enfoque de las bonificaciones fiscales y la falta de una ley del suelo “más ambiciosa”. Mientras tanto, el PP ha acusado al Ejecutivo de prometer viviendas qu nunca llegan y de “crear barreras que podrían reducir la oferta”. El mercado inmobiliario español continúa bajo presión, con precios al alza, un problema de acceso estructural y un déficit crónico de vivienda pública, situado en el 2,5% del parque total, el más bajo de la UE.
