La ciudad fronteriza de Cúcuta entre Colombia y Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria sin precedentes debido a la llegada de más de 32.000 desplazados en apenas una semana, huyendo de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, una facción disidente de las actualmente disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según delcara el alcalde Jorge Acevedo en The Guardian, “estamos ante un hecho histórico en Cúcuta y en el país, con 15.000 personas llegando en solo cuatro días”. Los desplazados, muchos de ellos mujeres y niños, buscan refugio en el estadio General Santander, el único lugar capaz de albergar tal cantidad de personas.
Los combates en la región del Catatumbo han dejado ya al menos 80 muertos. Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que los civiles son víctimas de ejecuciones selectivas por presunta vinculación con grupos rivales, lo que ha agravado la crisis. Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo, describió que se están sucediendo “ataques indiscriminados contra civiles acusados de colaborar con un grupo u otro”. La guerrilla ELN declaró en un comunicado publicado este miércoles que “bandas delincuenciales vienen haciéndose pasar por nuestra organización”, y con ello “cometen abusos contra la población”. Sin embargo, admiten que consideran como objetivos militares los que colaboran con el Frente 33, así como a aquellos que “juegan a dos bandos”, es decir, a los excombatientes que tratarían de acogerse a las medidas de “desmovilización y reinserción” mientras, según el ELN, “siguen operando para el Frente 33, el narcotráfico, las bandas y los servicios de seguridad estatales”.
En paralelo, la región del Guaviare también registra enfrentamientos entre facciones, con 20 muertos en los últimos días. El presidente Gustavo Petro anunció medidas excepcionales, como declarar un estado de emergencia económica y un posible Estado de Conmoción Interior, permitiendo la suspensión del estado de derecho para enfrentar la crisis. Sin embargo, expertos critican la lenta implementación de los acuerdos de paz de 2016, señalando que la situación ha escapado del control del gobierno, que no ha podido evitar que grupos armados disidentes de las FARC ocupen el vacío dejado por la guerrilla. Además, una carta firmada por 60 organizaciones de la sociedad civil, enviada recientemente al presidente y al Congreso, denuncia la falta de avances en el capítulo étnico de los Acuerdo de Paz, así como el incumplimiento de medidas de seguridad y la ausencia de protocolos para proteger a la población civil en el marco de la política de “Paz Total”. La misiva resalta que “los Pueblos étnicos y las comunidades rurales son los más afectados por el recrudecimiento de la violencia”.
El conflicto en el Catatumbo deja entrever las profundas raíces del conflicto armado en Colombia, una región históricamente marcada por el problema agrario, la pobreza, el cultivo de coca y su proximidad a la frontera venezolana. Desde el “acuerdo de paz” firmado entre el Estado y las FARC, la región ha sido escenario de disputas entre grupos. Aunque el acuerdo de 2016 prometía “una nueva era para el país”, su implementación ha sido parcial, el paramilitarismo de grupos de mercenarios y de extrema derecha contra sindicalistas, líderes sociales y exguerrilleros nunca ha cesado, y se han dado retrocesos en temas clave como la reforma agraria, perpetuando el ciclo de violencia y desplazamiento.
