El Congreso de los Diputados rechazó ayer el decreto ómnibus presentado por el PSOE con los votos en contra del PP, VOX y Junts. Dentro de este decreto se incluían medidas como la renovación de las pensiones, la prórroga de las ayudas del transporte, medidas en apoyo a los afectados por la DANA o la prórroga de la moratoria de los desahucios y el bono social para el pago del agua y la energía en el caso de personas vulnerables; medidas que ahora quedan derogadas. Junto a ellas, sin embargo, se incluían muchas otras, un totum revolutum bautizado como “ómnibus” que parece instaurarse como práctica habitual del Gobierno. El PSOE, incapaz de sumar las mayorías necesarias, se ha acostumbrado a gobernar por decretos y prorrogando unos presupuestos que, por lo pronto, no parece que vayan a votarse en sede parlamentaria.
Frente a ello, podríamos poner el grito en el cielo por las “medidas progresistas perdidas”, culpar a la perversa derecha y rezar por el advenimiento de una aritmética parlamentaria más favorable. Podríamos hacerlo, pero sería una posición demasiado autocomplaciente y alimentaría la estrategia mediática del PSOE. Me refiero, por ejemplo, a la movilización recientemente convocada por UGT y CCOO contra la “derogación de la subida de las pensiones y de las ayudas al transporte”. Y esto no lo digo porque me parezca irrelevante que caigan medidas como la moratoria de los desahucios –menos de un 30%[1] de desahucios judiciales retrasados es mejor que nada– sino porque muy probablemente, algunas de las medidas derogadas acabarán aprobándose en el siguiente Consejo de Ministros a través de leyes por separado, y lo que quedará de toda esta polémica, es la intención del PSOE de compactar a todos los partidos del “bloque progresista” en torno a su política del mal menor. Es decir, un llamado a filas de todos los partidos del bloque para que sigan serviles a la única razón que los mantiene unidos: la unidad antifascista sui generis practicada por la izquierda parlamentaria, consistente en dilatar el tan ansiado turnismo del PP. Muy al contrario, lo que sucedió ayer nos plantea dos interrogantes: ¿Qué es lo que realmente se perdió? Y sobre todo ¿Por qué se perdió?
Es muy significativo que mientras se rechazaba el ómnibus, se aprobaba la incentivación del retraso de la edad de jubilación a 72 años, con el voto a favor, entre otros, del PP, el PSOE o SUMAR, y el apoyo de los sindicatos mayoritarios y la patronal. Lo que se derogó ayer, en ningún caso paraliza la ola de austeridad y recortes en derechos económicos y políticos que se impone desde Europa en este contexto de crisis capitalista. La izquierda parlamentaria no tiene ningún proyecto alternativo a esta ofensiva política y económica y es ella misma la que, cuando Gobierna, aplica lo que las oligarquías dicten. La dimensión hiperbolizada de la ofensa que la izquierda parlamentaria pretende escenificar con esta votación, está muy por encima de las pérdidas reales que la votación ha supuesto. Así, el escenario político se polariza, pero lo que está en juego se reduce.
Sin embargo, la conclusión más importante que debemos extraer de esta situación es la que sigue al segundo interrogante: ¿Por qué ha podido suceder algo así? Quienes achacan su incapacidad política a la adversa aritmética parlamentaria se están haciendo trampas al solitario. En el caso de la socialdemocracia radical –casi ausente en el panorama político estatal y sin programa alguno– porque cree ingenuamente que hay margen para una política redistributiva radical dentro de un estado burgués atravesado por la crisis de ganancia global. Y en el caso de la mayoría de la izquierda, en posiciones de resistencia frente a la ola de austeridad y guerra, porque cae en un bucle autocomplaciente que entiende la aritmética parlamentaria como fiel reflejo de las fuerzas sociales. Su conclusión es siempre que la gente vota mal o no vota. No obstante, la conquista de derechos económicos y políticos, o lo que es más importante, su defensa y perdurabilidad, nunca ha venido de la mano de equilibrios parlamentarios, sino de la organización y la lucha de la clase trabajadora. Lo que no se consigue con la lucha, sino con el juego de trileros de los políticos profesionales, se pierde. Las medidas ayer derogadas lejos de ser resultado de una correlación de fuerzas social favorable, son fruto de una política mediática y de la propaganda partidista; como han venido se van. Dos buenos ejemplos de esta relación inversa entre conciencia social y aritmética parlamentaria son la Ley de Amnistía y la Ley Trans: en ambos casos, cabría preguntarse si se han aprobado en un momento de apoyo social creciente a la causa independentista y a la causa trans o fruto de sumas parlamentarias e intentos de desactivar el conflicto.
Las conquistas implican siempre sometimiento, imposición de los intereses antagónicos de la clase obrera organizada sobre la burguesía y los políticos profesionales. En ningún caso podría igualarse la disputa parlamentaria por la aprobación, por ejemplo, de un decreto antidesahucios, con la lucha cultural, dentro de la sociedad, por una nueva conciencia política contraria a todo tipo de desahucio. La lucha y la organización en el ámbito extraparlamentario son más necesarias que nunca. Pero no como mera palanca social del reformismo institucional, sino como fuerza irredenta por una organización social radicalmente diferente. Las principales conquistas nunca han sido fruto de la acción política del reformismo, sino del pacto entre burguesía y socialdemocracia frente a la amenaza de una fuerza política de masas revolucionaria. Lo que garantiza que se prorroguen un 30 o un 40% de los desahucios, y que esta medida se mantenga y se extienda, es la existencia de un movimiento organizado bajo la consigna de la suspensión incondicional de todos los desahucios; pero lo que hará que los desahucios no sólo no aumenten, sino que desaparezcan, es la articulación política de ese movimiento sobre el proyecto de un Estado Socialista en el que la vivienda sea gratuita y los políticos profesionales, que nos convencían de que debíamos soportar el peso de su negocio, sean sólo un mal recuerdo del pasado. La misma fórmula –articulación de un movimiento de masas amplio en defensa de las condiciones de vida y guerra cultural en favor del socialismo– se aplica al transporte, la edad de jubilación o las pensiones.
Yo me bajo del ómnibus. Estoy cansada de dar vueltas a la misma rotonda viendo cómo las curvas son cada vez más pronunciadas. Me bajo del ómnibus convencida de que ahí no se dirime la política revolucionaria. Y como yo, miles más. Pisamos el asfalto e iniciamos la marcha.
[1]Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista (2024). Lo que la moratoria de los desahucios esconde. Gedar. Disponible aquí
