Este domingo, 9 de febrero, más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir al próximo presidente o presidenta y a los miembros de la Asamblea Nacional. La contienda electoral se desarrolla en un contexto de creciente violencia relacionada con el narcotráfico, el terrorismo de Estado y una economía debilitada, lo que ha generado un clima de incertidumbre entre la población. Según información proporcionada por Cedatos, aproximadamente el 60% de los votantes aún no ha decidido su voto, lo que muestra una profunda desconfianza en la clase política.
Los principales contendientes en esta elección son el actual presidente, Daniel Noboa, y la candidata del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González. Noboa, heredero de una fortuna bananera, busca un mandato completo tras asumir la presidencia en 2023. Su administración se ha caracterizado por una política de “mano dura” contra el crimen, incluyendo la militarización de la vida pública y la extensión de las penas para delitos relacionados con el narcotráfico. Bajo su mandato, militares se han visto envueltos en casos de desaparición forzosa y asesinato de menores en colaboración con el crimen organizado. Aunque afirma haber logrado “una reducción del 15% en las muertes violentas”, sus métodos han sido objeto de críticas por violaciones a los derechos humanos y tendencias autoritarias.
Por su parte, Luisa González, cercana al expresidente Rafael Correa, propone un “aumento en la inversión social y una revisión de las políticas de seguridad actuales”. Sin embargo, su candidatura enfrenta el desafío de distanciarse de las controversias asociadas al correísmo y convencer a un electorado que busca soluciones efectivas a problemas estructurales. Con un panorama político fragmentado y un electorado escéptico, el futuro de Ecuador pende de un hilo.
