Renfe ha completado la instalación de videovigilancia inteligente en 415 estaciones de Cercanías como parte de la primera fase del proyecto RS3 (‘Renfe Smart Security Station’), con un presupuesto de 25,8 millones de euros provenientes de los fondos europeos NextGenerationEU. Según anuncia en su página, la compañía prevé ampliar el sistema a 182 estaciones más en marzo, con una inversión adicional de 6,5 millones, alcanzando un total de 597 estaciones en 2026. La tecnología, basada en inteligencia artificial, promete “mejorar la seguridad y la gestión del servicio ferroviario mediante la monitorización en tiempo real de aglomeraciones, incidentes y posibles delitos”.
Sin embargo, el despliegue de estos sistemas despierta preocupaciones sobre la privacidad y la transparencia en la gestión de los datos. Aunque Renfe asegura que la información recopilada es “anónima y procesada en milisegundos”, organizaciones de derechos digitales advierten sobre el riesgo de vigilancia masiva y el uso indebido de la tecnología. Además, expertos en transporte suelen cuestionar la efectividad de este tipo de medidas frente a problemas estructurales como la falta de personal en estaciones o las deficiencias en la infraestructura ferroviaria.
El proyecto también ha sido criticado por su financiación con fondos europeos destinados a la recuperación y transformación del transporte. Mientras Renfe presume de su apuesta por la “digitalización y la seguridad predictiva”, usuarios y sindicatos reclaman inversiones en mantenimiento, modernización de trenes y ampliación de frecuencias. A medida que avanza la implementación, queda en entredicho si estos sistemas realmente contribuirán a una mejora sustancial en la experiencia del viajero o si se convertirán en un ejemplo más de tecnología aplicada para el control social sin resolver los problemas de fondo.