En toda la Unión Europea (UE) viven cerca de 448,8 millones de personas, de las cuales 27,3 millones son ciudadanas de países extracomunitarios (un 6% de la población total), según Eurostat. Pese a que la inmigración ya supone un aporte fuerza de trabajo que se va tornando irreemplazable en sectores como la construcción (hasta un 9,1% de los empleados son no comunitarios) o la hostelería (más del 11%), buena parte de las políticas de la extrema derecha se ha centrado en medidas restrictivas, aumentando notablemente los costes públicos. Sin embargo, todo indica que las políticas no han logrado reducir significativamente los flujos de entrada ni resolver los problemas económicos, como el relevo generacional o la cobertura de pensiones.
El ejemplo de Italia es revelador: informes recientes de la agencia italiana ANSA señalan que, en 2023, sus Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) repatriaron efectivamente a solo el 10% de las personas con orden de expulsión, mientras el gasto total en estos centros supera los 39 millones de euros en dos años. Algunas instalaciones, como la de Bríndisi, alcanzan costes anuales insostenibles a largo plazo: 71.500 euros por persona detenida, y en Roma se han invertido millones en reparaciones derivadas de tensiones internas. A escala europea, los procedimientos de retorno tampoco muestran gran eficacia: en 2023 se emitieron 430.600 órdenes de salida, pero 83.400 personas fueron efectivamente devueltas a países no pertenecientes a la UE.
Mientras tanto, no son pocas las voces institucionales que dicen que Europa necesita mano de obra que cubra sectores en déficit de personal si no quiere quebrar económica y socialmente. En 2023, había 11,2 millones de ciudadanos de países extracomunitarios trabajando de forma legal en la UE —un 5,7% de la población activa europea—, sobresaliendo en empleos fundamentales, como limpieza, asistencia en cuidados o actividades de apoyo administrativo, a menudo realizando trabajos mal pagados o con poco reconocimiento social que la población autóctona evita. Así, los datos sugieren que las políticas de deportación masiva que se antojan a la extrema solo son cuestionables desde un punto de vista ético, sino también inviables desde el punto de vista económico y social.
