El 7 de marzo, al menos 162 civiles fueron ejecutados en varias masacres cometidas por las fuerzas del nuevo régimen sirio, que ha desatado un pogromo contra la comunidad alauita. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (SOHR), las víctimas fueron asesinadas por personal vinculado al Ministerio de Defensa y la Fuerza de Seguridad Interna siria. Las ejecuciones sumarias ocurrieron principalmente en las provincias costeras de Tartus y Latakia, en un contexto de creciente violencia contra la comunidad alauita, que ha sido uno de los principales apoyos de Bashar al-Assad. Imágenes difundidas en redes sociales muestran ejecuciones extremadamente violentas, que muchos observadores han comparado con las que realizaba el ISIS.
Las masacres fueron registradas en varias localidades, entre ellas Baniyas, donde 60 personas, incluidos 10 mujeres y 5 niños, fueron asesinadas. En el caso de Latakia, el SOHR reportó múltiples ataques, como en las aldeas de Al-Shir, Al-Mukhtariyah, y Al-Haffa, donde 76 personas fueron ejecutadas. Otros civiles fueron asesinados mientras intentaban huir o tras ser detenidos, como en Yahmour y Salhab. Estos incidentes se presentan como parte de un ataque sistemático contra la comunidad alauita, con algunos cuerpos dejados en la vía pública, como ocurrió con un anciano de 90 años encontrado muerto en Salhab.
El SOHR ha calificado estos hechos como violaciones graves de derechos humanos y ha instado a la “comunidad internacional” a intervenir para investigar estos crímenes de guerra. Además, ha exigido que las autoridades sirias rindan cuentas por las ejecuciones, advirtiendo que la impunidad podría fomentar nuevos pogromos y amenazas a la estabilidad del país, especialmente en un contexto de tensión social y política en el escenario pos-Assad.
La violencia está siendo tan extrema, que el nuevo presidente de facto de Siria, Muhammad Al-Jolani, se ha visto obligado a pronunciarse al respecto, pidiendo a sus soldados “que actúen con proporcionalidad”.
