Bruselas planea considerar a la Policía como "profesión de alto riesgo" y endurecer penas
La Eurocámara aprueba el informe que incluye considerar "agresiones" a policías o funcionarios de prisiones como eurodelitos.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado un informe que urge reconocer a las fuerzas represivas (policías, guardias civiles, militares, funcionarios de prisiones y agentes de fronteras) como profesiones de "alto riesgo" en toda la UE. Esta propuesta surge de una petición "sindical" de 2023 de la Confederación Española de Policía (CEP). El documento, adoptado este martes, aboga por tipificar los ataques a agentes como "eurodelitos" para imponer penas armonizadas en todos los Estados.
Aunque el informe se presenta como simbólico, su aprobación plantea riesgos reales en términos de costes públicos y desequilibrios jurídicos. Reconocer el estatus de “alto riesgo” implicaría, en la práctica, complementos salariales adicionales y jubilaciones anticipadas. En el Estado español, donde ya existen pluses por peligrosidad, extenderlo a los 450.000 agentes de los diferentes cuerpos podría suponer un incremento anual de entre 1.000 y 1.500 millones de euros en retribuciones, según cálculos basados en los actuales complementos por turnicidad y nocturnidad. A nivel europeo, con 1,8 millones de efectivos, el coste salarial adicional rondaría los 5.000-6.000 millones de euros al año, sin incluir pensiones anticipadas ni cotizaciones sociales, según datos de Eurostat.
La propuesta de tipificar las "agresiones" a agentes como eurodelitos, aunque enfrenta ciertas barreras legales tales como el artículo 83 del TFUE, requeriría una infraestructura judicial transfronteriza: fiscales europeos especializados, traducciones procesales y cooperación reforzada vía Eurojust. El coste operativo de gestionar estos casos, incluso en un volumen limitado, se estima en 200-300 millones de euros anuales, según proyecciones internas de la Comisión Europea sobre ampliaciones de eurodelitos. Además, la armonización de estadísticas exige una base de datos centralizada en Europol, con un coste inicial de 100-150 millones de euros y mantenimiento anual de 30-40 millones.
Sin embargo, el informe no aborda el riesgo de impunidad y de montajes policiales: equiparar una agresión física o verbal en una detención con delitos como el de "terrorismo" o la trata de personas podría suponer una pérdida brutal de derechos para la clase trabajadora, ya que la calificación de un acto como "agresión" queda únicamente en manos de los agentes. Esta posibilidad no parece tan lejana, con casos similares como el de los jóvenes de Altsasu (Nafarroa) en 2016.
