El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la detención de Leqaa Kordia, una estudiante palestina en la Universidad de Columbia, por supuestamente haber excedido la validez de su visa de estudiante F-1.
Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la pusieron bajo custodia para su deportación, en un contexto de represión contra las manifestaciones estudiantiles en el campus. Su caso se suma al de Ranjani Srinivasan, estudiante india cuya visa fue revocada por presunta participación en actividades de apoyo a la Resistencia Palestina.
La administración de Donald Trump ha sostenido que las protestas contra la guerra en Gaza equivalen a “un respaldo a actividades terroristas”, aunque grupos de derechos civiles han cuestionado estas afirmaciones.
Paralelamente, el Departamento de Justicia de EEUU ha abierto una investigación para determinar si las manifestaciones en Columbia “violaron leyes federales contra el terrorismo”, según declaró el vicefiscal general Todd Blanche.
La pesquisa también examina posibles violaciones de derechos civiles derivadas de la ampliación del concepto de antisemitismo adoptada por la administración, que ahora incluye las críticas al Estado de Israel. Además de las detenciones y la investigación, el gobierno ha exigido que Columbia ceda el control de su Departamento de Estudios del Medio Oriente, Asia del Sur y África a una entidad externa, bajo amenaza de recortes en la financiación federal si la universidad no presenta un plan antes del 20 de marzo.
El gobierno estadounidense ya había cancelado recientemente 400 millones de dólares en subvenciones a Columbia, argumentando que “la universidad no ha protegido a los estudiantes judíos de actos de antisemitismo”.
En respuesta, organizaciones como Jewish Voice for Peace han denunciado que estas acciones podrían estar dirigidas a restringir la libertad de expresión en los campus. La Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE) advirtió que el uso de medidas migratorias y la aplicación de leyes antiterroristas contra manifestantes plantea serias preocupaciones sobre posibles violaciones de derechos civiles.
