El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este domingo la deportación de 238 ciudadanos venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, recientemente invocada por la administración de Donald Trump.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, confirmaba que los deportados han sido internados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de máxima seguridad. Según Rubio, el traslado forma parte de un acuerdo con Bukele, quien ofreció encarcelar a personas migrantes a cambio de la extradición de líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) desde EEUU.
Un juez federal de Washington, James Boasberg, había emitido una orden de bloqueo para frenar estas deportaciones, pero la Casa Blanca argumentó que los vuelos ya se encontraban en “aguas internacionales” y que la medida judicial no aplicaba en ese momento, según informó el medio Axios.
La administración Trump sostiene que la orden llegó “demasiado tarde” y que “no ha incumplido de manera deliberada el fallo judicial”. Mientras tanto, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha solicitado al Gobierno pruebas de que no se violó la orden de Boasberg.
El Gobierno de Venezuela ha rechazado la deportación, calificándola de criminalización injusta de sus ciudadanos y denunciando el uso de “una ley anacrónica y violatoria de los derechos humanos”. En un comunicado, la cancillería venezolana afirmó que llevará el caso a organismos internacionales para defender los derechos de sus migrantes.
Mientras tanto, Trump ha justificado la medida alegando que los deportados “son miembros de la organización criminal Tren de Aragua”, una acusación que el gobierno venezolano niega categóricamente.
