El Estado español ha adjudicado 46 contratos a la industria militar israelí por 1.044.558.955 euros desde el 7 de octubre de 2023, momento en que comenzó la actual ofensiva contra la Franja de Gaza, según un estudio del Centro Delàs de Investigaciones para la Paz.
Diez de estos contratos, que ascienden a 817 millones de euros, aún no han sido formalizados y podrían anularse si el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez tomara la determinación de suspenderlos. Entre las adquisiciones pendientes figuran el lanzacohetes múltiple SILAM (576 millones) y el sistema antiaéreo Spike (237,5 millones), ambos con tecnología de las firmas israelíes Rafael y Elbit.
Pese a que el Ejecutivo asegura “no tener proveedores alternativos”, el centro Delàs critica que, mientras el genocidio se recrudece, las relaciones comerciales con el complejo militar-industrial israelí continúan vigentes. Varios contratos generan polémica, especialmente el de balas calibre 9 mm por 3,6 y 1,8 millones para la Guardia Civil, que el propio Sánchez se vio obligado a cancelar tras el revuelo producido. Aunque estas compras de balas se han detenido, quedan otras dos adjudicaciones con IMI Systems, de 1,8 millones y 10.000 euros, también sin formalizar.
Entre los acuerdos más voluminosos destaca la compra de sistemas POD de designación láser por 207 millones a Rafael en abril de 2022. Elbit lleva ocho adjudicaciones, incluyendo mantenimiento y modernización de equipos ya existentes, que alcanzan 581,6 millones en total. Pese a que el grueso de las adquisiciones corresponde al Ministerio de Defensa, también figuran contratos de Interior o Transportes, así como de cuerpos de la policía municipal de ayuntamientos como Avilés y Ourense.
El centro Delàs, junto a la larga lista de centros y organizaciones que denuncian con ferviente alarma que estas operaciones sirven para legitimar actos de genocidio y crímenes de guerra contra la población civil palestina.
El Gobierno israelí, por su parte, ha reaccionado con dureza tras la orden de anular el suministro de cinco millones de balas a la Guardia Civil, acusando al Estado español de “sacrificar consideraciones de seguridad por fines políticos”. Sin embargo, Madrid mantiene la mayoría de contratos y relaciones diplomáticas con la entidad sionista.
