La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional española ha absuelto a Iratxe Sorzabal por la colocación de un artefacto explosivo en Irun en 1995, al quedar demostrado que la única prueba que la implicaba fue obtenida mediante tortura.
Según recoge el diario Naiz de la sentencia, “la acusada fue sometida a tratos inhumanos durante su detención, en marzo de 2001”, y la autoinculpación manuscrita realizada en los días posteriores es “nula de pleno derecho al haberse obtenido mediante la violación de los derechos fundamentales de la acusada”.
El tribunal argumenta que el manuscrito que llevó a reabrir la causa está viciado “de la misma nulidad que la propia declaración” porque “de no haberse producido la declaración tampoco se habría dado la citada misiva”.
La sentencia recoge también que Sorzabal nunca ratificó esa confesión en sede judicial, y que se limitó a afirmar que fue hecha bajo tortura.
El informe forense presentado por Benito Morentín, del Instituto Vasco de Medicina Legal, concluyó que las lesiones físicas observadas eran “compatibles” con la aplicación de electrodos, y precisó: “Más que compatibles aún, esas marcas son características, es un nivel de certeza de rango superior”.
La sentencia ha tenido en cuenta, por primera vez, la denuncia de tortura ya presentada en otros juicios anteriores sin ser valorada. En esta ocasión, el tribunal concluye que “existe la evidencia, más allá de cualquier duda, de que durante su detención fue sometida a la aplicación de electrodos”.
El fallo, firmado por Fernando Andreu, Ana Revuelta y Javier Mariano Ballesteros, es unánime. En paralelo, el Tribunal de Apelación de París ha solicitado información a las autoridades españolas sobre las denuncias de tortura formuladas por Sorzabal en el marco de una euroorden pendiente.
