El Consejo de Ministros del Gobierno español ha aprobado este martes el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece un mandato fijo de cinco años no renovables para el fiscal general del Estado, salvo que haya ocupado el cargo menos de un año.
Con este cambio, el mandato del fiscal general dejará de coincidir con el del Gobierno que lo nombró, atendiendo así a las recomendaciones reiteradas de la Comisión Europea y del Consejo de Europa para reforzar “la independencia del Ministerio Público”. En caso de cese anticipado, el sucesor solo completará el tiempo restante del mandato anterior.
La reforma limita los motivos de cese del fiscal general del Estado, que solo podrá ser apartado por “incumplimiento grave o reiterado de sus funciones” y siempre con informe previo del Consejo General del Poder Judicial.
Además, según recoge RTVE, se prohíbe que el fiscal general comparezca ante el Consejo de Ministros y se establece que todas las comunicaciones entre el fiscal general y el Gobierno “deberán realizarse por escrito, ser registradas y publicadas”. El texto también impide que el Ejecutivo, tanto central como autonómico, solicite a la Fiscalía actuaciones en procedimientos concretos.
La reforma otorga mayor autonomía funcional al Ministerio Fiscal, ya que el nombramiento, ascenso y régimen disciplinario de los principales fiscales pasarán a ser competencia del fiscal general y no del Gobierno.
Además, el anteproyecto prevé que la Fiscalía dirija la Policía Judicial en la investigación de delitos y limita la discrecionalidad del fiscal general para impartir instrucciones en casos concretos, requiriendo el consenso de la Junta de Fiscales de Sala.
El Gobierno de Pedro Sánchez destaca que la medida “adapta la Fiscalía a su nuevo papel en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal y responde a las demandas de independencia institucional planteadas en informes internacionales”.
Informes recientes de organismos europeos y análisis de expertos cuestionan la supuesta “independencia judicial” en el Estado español. El informe sobre el Estado de Derecho 2025, publicado por el organización Civil Liberties Union for Europe, señala que “la falta de independencia judicial sigue siendo un problema grave en España”, y subraya que la selección de los altos cargos judiciales continúa en manos de los partidos políticos, lo que genera “un conflicto de intereses que debilita la confianza en el sistema judicial”
