El subinspector maltratador de la Policía Local de Granada y actual jefe de estudios, Víctor G.B., ha quedado en libertad provisional tras ser detenido por un presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a su expareja, según han confirmado fuentes judiciales consultadas por RTVE.
El agente, que se enfrenta a una petición fiscal de seis años y diez meses de prisión por presuntos delitos de violencia machista, fue arrestado este martes y pasó la noche en el calabozo antes de comparecer ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Granada.
La detención se produjo después de que la víctima denunciara reiteradas llamadas telefónicas no atendidas y varias desconexiones supuestamente intencionadas del brazalete electrónico que el agente está obligado a llevar para garantizar el cumplimiento de la medida de alejamiento.
El subinspector niega que las desconexiones fueran voluntarias y alega que “se debieron a fallos técnicos del dispositivo”. El juzgado ha encargado un informe técnico al grupo Cometa para esclarecer los motivos de las desconexiones.
Mientras se investiga el caso, que incluye supuestos accesos irregulares al sistema VioGén y filtraciones de los datos de la víctima, el juez ha impuesto al agente la prohibición de acudir o residir en el municipio de Armilla, donde vive la víctima, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia o de que se adopten medidas cautelares más restrictivas. La medida ha sido aceptada por todas las partes.
El subinspector tiene abierto un juicio oral desde marzo por presuntos delitos de violencia física y psíquica habitual, menoscabo psíquico y revelación de secretos contra su expareja y una de sus hijas.
Según la Fiscalía, los hechos investigados incluyen agresiones verbales y físicas, conductas de control y acceso no consentido a información personal de la exmujer mediante dispositivos electrónicos.
La acusación particular eleva la petición de prisión a más de 15 años, mientras que la defensa solicita la libre absolución del agente.
La continuidad del subinspector como jefe de estudios de la Policía Local ha generado polémica política en Granada. Diversos grupos municipales han exigido al Ayuntamiento que revoque su nombramiento, mientras el agente permanece apartado de labores operativas y sin arma reglamentaria.
El caso sigue abierto y pendiente de nuevas diligencias judiciales e informes técnicos sobre el funcionamiento del dispositivo telemático de control.
