Campesinos de la localidad de Palenque, en la provincia de Los Ríos (Bolivia), protestaron el 22 de mayo frente a la Corte Constitucional en Quito para exigir justicia por el despojo de 639 hectáreas de tierra, según recoge EFE.
La Asociación Agropecuaria 30 de Marzo y organizaciones como la Alianza de Derechos Humanos denunciaron que al menos 450 personas han sido desplazadas tras una serie de decisiones judiciales, emitidas entre 2021 y 2023, que permitieron el ingreso de los herederos de la familia Pimentel Delgado como nuevos propietarios.
Los campesinos denuncian que ellos poseían títulos colectivos adjudicados e inscritos por el antiguo Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), pero fueron desalojados luego de que los herederos presentaran escrituras avaladas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en procesos judiciales en los que la comunidad afirma no haber sido informada ni citada.
El conflicto se originó cuando los herederos Pimentel Delgado, quienes reclaman la propiedad de las tierras como parte de una supuesta herencia familiar, iniciaron acciones de protección ante jueces de Los Ríos.
Estas acciones resultaron en sentencias contradictorias: una que respalda la permanencia de la comunidad y otra que la despoja. Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza de Derechos Humanos, afirmó que “los pobladores de Palenque tienen una sentencia en su contra de la que nunca supieron” y que el proceso se realizó sin que fueran notificados.
La comunidad afectada sostiene que el acceso a la tierra ha sido su principal medio de subsistencia mediante cultivos de maíz, arroz y cacao, y que desde el desalojo viven en situación de precariedad.
Hasta la fecha, se desconoce el destino que los herederos Pimentel Delgado pretenden dar a las tierras, ya que no han hecho público ningún proyecto específico de uso o explotación.
El caso permanece desde 2023 en la Corte Constitucional, que aún no ha emitido una resolución definitiva, mientras que causas similares han sido tramitadas más rápidamente.
Los campesinos insisten en que el conflicto vulnera derechos colectivos reconocidos por la Constitución ecuatoriana y exigen una respuesta inmediata del máximo tribunal.
