El Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU ha dictaminado que el Estado español vulneró la Convención contra la Tortura al no investigar adecuadamente las denuncias presentadas por Raúl Fuentes sobre los malos tratos sufridos durante su detención en Bilbo (Bizkaia) en 1991 por parte de la Policía española.
Según ha informado Giza Eskubideen Behatokia (GEBehatokia) y recoge Naiz, el comité concluye que existieron indicios razonables de tortura y que dichos indicios “no han sido disipados por el Estado parte”. Además, señala que el archivo de la denuncia por prescripción es incompatible con la obligación de investigar estos hechos conforme al derecho internacional.
Fuentes, actualmente preso en la cárcel de Martutene, denunció haber sufrido diversas formas de maltrato físico y psicológico, entre ellas la conocida como “tortura de los lápices”, consistente en aplicar presión con lápices en los pliegues entre los dedos de las manos.
Cinco informes forenses, realizados entre su detención y su paso por la Audiencia Nacional española, documentaron síntomas compatibles con sus declaraciones, como contusiones, parestesias y ansiedad aguda. Fuentes reiteró su denuncia en junio de 1991, pero el juez Baltasar Garzón, magistrado querido por la izquierda española, desestimó su denuncia y no se adoptaran medidas judiciales.
En 2014, el juez británico Justice Foskett, del Tribunal Superior de Londres, concluyó que “es más probable que no probable que sufriera lo que he denominado el tratamiento con el lápiz”.
El Comité de la ONU también reprocha al Estado español haber archivado la causa por considerar prescrito el delito, recordando que, según la normativa internacional, la tortura es un crimen imprescriptible.
En su dictamen, el CAT subraya que “las autoridades archivaron la denuncia del autor sobre la tortura y malos tratos” a pesar de que los efectos permanentes que la tortura deja en la persona impiden aplicar la prescripción.
Este criterio ya fue destacado por el exrelator de la ONU Fabián Salvioli durante su visita a Euskal Herria, y también fue parte del argumento presentado por Fuentes ante el Tribunal Constitucional español.
Según recuerda GEBehatokia, el CAT ya había instado a Madrid en 2023 a abrir investigaciones de oficio sobre 5.379 testimonios documentados de torturas y malos tratos entre 1960 y 2014 en Euskal Herria. La resolución sobre Raúl Fuentes se suma a otros pronunciamientos del CAT en casos similares como los de Encarni Blanco, Kepa Urra y Orkatz Gallastegi.
GEBehatokia considera que este nuevo dictamen refuerza la necesidad de que casos que la Justicia española considera prescritos sean investigados sin excusas.
La organización anunciará nuevas acciones sobre este caso en una rueda de prensa convocada el próximo martes en Bilbo, en la que participará el abogado suizo Olivier Peter, representante legal de Fuentes y miembro del Consejo Asesor de GEBehatokia.
