La Policía Nacional española ha detenido a 29 personas en un amplio operativo desarrollado en Madrid, Málaga, València, Barcelona, Alacant, Soria y León, en el marco de una investigación centrada en la represión contra los grafitis en trenes.
Según informan las fuerzas policiales este 31 de mayo, se les acusa de haber realizado 287 intervenciones en convoyes ferroviarios durante el último año. La valoración económica de los daños asciende a 1,5 millones de euros. Sin embargo, un juez ha detectado recientemente indicios de fraude por parte de Renfe en la valoración de los “daños”.
En este caso, las actuaciones policiales se han dirigido contra supuestos grupos organizados de grafiteros, algunos de ellos con antecedentes por hechos similares, que según la policía, operaban en diferentes puntos del Estado.
En Madrid, donde se produjeron 18 de las detenciones, los agentes de la Brigada Móvil atribuyen a los arrestados 220 acciones, incluyendo el uso del freno de emergencia de los trenes —una técnica conocida como palancazo— para realizar pintadas durante la parada forzada de los vehículos.
Según el inspector jefe José Ángel Sánchez, citado por EFE, estas acciones están “estudiadas previamente” y ejecutadas “en entre cinco y diez minutos”, en zonas apartadas para evitar la intervención policial. En otras provincias, como Málaga o el País Valencià, las intervenciones se realizaron principalmente en estaciones pequeñas o durante paradas técnicas, en trenes de Cercanías y media distancia.
Renfe, que ha calificado los grafitis como “una lacra que genera un grave perjuicio económico y social”, ha mostrado su apoyo a la operación policial mediante un comunicado. La empresa pública informó que en 2024 registró 4.281 incidentes relacionados con pintadas, dentro de un total de 6.568 actos calificados como “vandalismo” en sus instalaciones.
Según los datos aportados por renfe el coste asociado a estas acciones habrían ascendido a 11,2 millones de euros en 2024, y más de 24 millones anuales si se incluyeran “todos los gastos derivados de la limpieza de grafitis”. Sin embargo, el caso de posible fraude en el cálculo de daños plantean interrogantes sobre la transparencia y la honestidad de las cifras aportadas por parte de la empresa pública española.
La compañía ha destacado que este tipo de prácticas “comprometen la seguridad” y “reducen la calidad del servicio”, justificando así la intensificación de medidas represivas contra las expresiones gráficas informales.
