Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la administración estadounidense ha acelerado la implantación de tecnologías de vigilancia digital. El Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado el uso de herramientas como Babel X para rastrear redes sociales de viajeros e inmigrantes, mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas emplea plataformas como SocialNet para recopilar información de más de 200 fuentes, incluidas redes sociales y aplicaciones de citas.
Además, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, centraliza datos sensibles de millones de ciudadanos, desde historiales médicos hasta registros fiscales, facilitando el desarrollo de sistemas como InmigrationOS de Palantir para el seguimiento y deportación de personas, según recoge El País.
La noticia de El País destaca que la vigilancia no se limita a la esfera digital: el gobierno ha adquirido drones con reconocimiento facial, lectores de matrículas, torres de vigilancia y software de espionaje para teléfonos móviles, como Pegasus.
Gran parte de la información se obtiene comprando datos a brokers privados, que elaboran perfiles exhaustivos de millones de personas.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional y The New York Times, la inversión federal en tecnologías de inmigración supera los 7.800 millones de dólares desde 2020, con contratos firmados con más de 260 empresas.
Organizaciones de derechos civiles como Just Futures Law y Access Now advierten que estas prácticas afectan especialmente a inmigrantes, refugiados y estudiantes, y suponen una amenaza para la privacidad y los derechos fundamentales.
Expertos citados por El País alertan de que la administración Trump-Musk ha acelerado y ampliado el alcance de la vigilancia estatal, priorizando “la seguridad nacional” sobre los derechos y libertades civiles.
