Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2025, las autoridades migratorias han intensificado las deportaciones en todo el país, superando las 142.000 expulsiones en los primeros cien días del mandato, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional. Estos procesos de deportación han provocado oleadas de protestas, inestabilidad política y terror en las comunidades obreras migrantes.
Sin embargo, aunque la administración había prometido inicialmente que las redadas se militarían a “inmigrantes delincuentes”, en la práctica los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se han extendido a discrección: personas sin historial delictivo, incluyendo familias y trabajadores documentados que residían legalmente en el país. Además, las detenciones han tenido lugar en tribunales, lugares de trabajo, escuelas y domicilios, según constatan la BBC y El País.
Diversos medios, como Univisión y BBC, han documentado el caso de inmigrantes que, tras haber pedido “mano dura a los delincuentes”, esa misma política migratoria ha sido implacable con ellos y ahora se ven afectados por la deportación de familiares directos o incluso de ellos mismos.
“Creía que solo sacarían a delincuentes”, declara Liyian Páez, inmigrante cubana entrevistada por Univisión, tras la deportación de su esposo, quien no tenía antecedentes penales.
Este fenómeno no es aislado: se repite en diferentes comunidades, donde personas que votaron por Trump o respaldaron sus medidas migratorias ahora denuncian sentirse “traicionadas” al comprobar que las deportaciones no distinguen entre antecedentes penales y otras situaciones administrativas.
Las organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales han señalado que la ampliación del alcance de las deportaciones está provocando la separación de familias y afectando a menores ciudadanos estadounidenses, así como a personas con arraigo y sin antecedentes penales.
Las protestas en ciudades como Los Ángeles y Nueva York reflejan el creciente malestar social ante la aplicación de estas políticas, que han generado temor e incertidumbre entre millones de inmigrantes, incluidos quienes en su momento apoyaron las medidas bajo la creencia de que “solo afectarían a personas con antecedentes delictivos”.
