La Unión Europea ha puesto en marcha una estrategia internacional para garantizar el acceso a minerales críticos esenciales para la industria tecnológica, energética y militar, ante el endurecimiento de los controles de exportación de la República Popular China, líder mundial en el sector.
El plan, anunciado el 4 de junio por la Comisión Europea, contempla la inversión de al menos 5.000 millones de euros en 13 proyectos estratégicos fuera de sus fronteras, que abarcan países como Groenlandia, Kanaky, Canadá, Zambia, Madagascar y Brasil, entre otros.
El objetivo es “diversificar las fuentes de suministro y reducir la dependencia de China”, que actualmente controla la mayor parte del mercado global de materiales como litio, cobalto, níquel, manganeso y tierras raras.
La iniciativa forma parte de la Ley de Materias Primas Críticas de la UE, aprobada en 2023, que fija como meta que para 2030 al menos el 10% de la extracción, el 40% del procesamiento y el 25% del reciclaje de estos materiales se realicen “dentro del bloque o a través de alianzas estratégicas”.
Entre los proyectos seleccionados, diez se centran en minerales para baterías, como el litio y el cobalto, y otros dos en tierras raras, fundamentales para la “transición energética” y la fabricación de semiconductores.
Además, Bruselas ha apoyado 47 proyectos en 13 Estados miembros, incluidos siete en el Estado español, para reforzar la “producción interna” y la llamada “autonomía estratégica europea”.
El vicepresidente de Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, subrayó que “sin materias primas críticas no puede haber descarbonización” y defendió “la necesidad de reducir la dependencia de todos los países, en particular de China”.
Sin embargo, la Comisión reconoce que estas medidas no resolverán la escasez inmediata, ya que las restricciones chinas ya están afectando a las cadenas de suministro y a la industria manufacturera europea.
La apuesta por la “diversificación” y la “inversión internacional” busca, a medio plazo, “garantizar la seguridad del suministro y la viabilidad de la transición tecnológica y energética en la UE”, más cuestionada que nunca.
