El Estado español figura entre los doce países de la OCDE que en 2024 no disponen de un marco estratégico para prevenir y combatir la corrupción, según el informe sobre administraciones públicas publicado por la organización, que recuerda que la adopción de este tipo de estrategias es una recomendación vigente desde 2017.
La OCDE subraya que un enfoque estratégico permite “identificar desafíos clave, establecer prioridades y objetivos claros, y definir medidas prácticas para lograr resultados”, y advierte que la ausencia de una estrategia centralizada y coordinada “limita la eficacia de las políticas anticorrupción”.
El informe también recoge que un 19,6% de los ciudadanos de la OCDE considera la corrupción uno de los tres principales problemas de su país, y que esta “profundiza las desigualdades y debilita el crecimiento”.
La Comisión Europea, en su último informe sobre el estado de derecho, ha advertido de un “riesgo elevado de corrupción” en la contratación pública, las infraestructuras y la financiación de partidos en el Estado español, señalando que el 21% de sus empresas afirma haber perdido contratos públicos por corrupción, frente a una media europea del 27%.
Bruselas atribuye esta vulnerabilidad “al gran volumen de recursos implicados, la complejidad del sistema y la falta de controles efectivos”, y ha recordado que Madrid sigue sin cumplir plenamente la directiva europea sobre contratación pública, lo que ha motivado la apertura de un expediente ante el Tribunal de Justicia de la UE, según recoge eldiario.es.
El Gobierno español está legalmente obligado, en teoría, a aprobar una estrategia estatal contra la corrupción antes de septiembre de 2024, según la disposición adicional quinta de la Ley 2/2023, que transpone la directiva europea sobre protección de denunciantes.
Sin embargo, tanto la OCDE como la Comisión Europea y el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa han constatado que a fecha de junio de 2025 el Gobierno español no ha puesto en marcha dicha estrategia, pese a los supuestos compromisos asumidos y las recomendaciones reiteradas por estos organismos internacionales.
