La política del Estado español atraviesa un momento de máxima incertidumbre ante la expectativa de nuevas revelaciones en la investigación judicial sobre la trama de corrupción vinculada a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Según adelantan fuentes de la investigación y medios como El País, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza en este momento decenas de grabaciones realizadas por García a lo largo de años, en las que aparecen ministros, exministros, dirigentes del PSOE y representantes de partidos aliados y de la oposición.
Material comprometedor
Parte de ese material, aún no hecho público, es considerado “especialmente comprometedor” y mantiene en alerta tanto a Moncloa como a sus socios parlamentarios, que no saben quién puede ser el próximo en caer.
Las grabaciones, incautadas en varios dispositivos electrónicos, documentan conversaciones sobre supuestas comisiones ilegales y adjudicaciones de obra pública, y han sido incorporadas a la causa judicial que instruye el Tribunal Supremo.
El contenido de estos audios ha provocado ya ha forzado la dimisión de Santos Cerdán y ha generado un clima de desconfianza entre los partidos que sostienen al Ejecutivo.
Un PSOE “radiactivo”
Portavoces de ERC, PNV, Sumar y Coalición Canaria han manifestado en público y en privado “su preocupación” por el alcance de la trama y la posibilidad de que se vean implicados más cargos relevantes.
Algunos socios incluso han evitado encuentros y fotografías con Pedro Sánchez, mientras otros, más comedidos, condicionan su apoyo a la evolución de la investigación y a la adopción de “medidas contundentes”; aunque nadie ha especificado por el momento a qué se refieren con “contundentes”.
El caso, que ya ha provocado un fuerte desgaste reputacional y estructural en el PSOE, se ha convertido en la primera gran causa de corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez desde 2018.
La situación parlamentaria está completamente abierta y bloqueada, a la espera de que la UCO y los jueces determinen el alcance real de las grabaciones y si existen pruebas de financiación ilegal sistemática.
Mientras tanto, Sánchez suspende gran parte de su agenda oficial y se acuartela con las tareas legislativas en suspenso, signos de disenso interno y alerta máxima ante todos los escenarios posibles. La mayoría de investidura está pendiente de la próxima filtración o revelación judicial.
