El Gobierno de Panamá ha decretado el “estado de urgencia” en toda la provincia de Bocas del Toro el viernes 20 de junio, por la intensificación de las protestas obreras contra la reforma de la Seguridad Social que sacuden a la región desde abril.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, anunció en rueda de prensa que la medida suspende las garantías constitucionales por cinco días y tiene como objetivo “evitar que grupos radicales y delictivos se reúnan para organizar actos de violencia, vandalismo, que pongan en peligro la propiedad y a las personas que alteran la paz y el orden”. Esta decisión sigue a la declaración previa de estado de emergencia en mayo, que solo permitía el uso extraordinario de fondos públicos.
Según la información oficial recogida por EFE, la noche anterior se produjeron saqueos en las instalaciones de la empresa Chiquita Panamá, el incendio parcial de un estadio de béisbol, la toma del aeropuerto de Changuinola y saqueos en comercios y oficinas.
El Gobierno reportó al menos 55 personas detenidas durante los enfrentamientos, en los que se han reportado intentos de atropello de manifestantes en redes sociales por parte de la policía con sus coches patrulla. El presidente José Raúl Mulino ordenó el despliegue de 1.500 efectivos policiales para reprimir a los manifestantes que cortaban las carreteras y mantener así el orden público que ya se ha visto alterado de forma significativa con reportes de desabastecimiento de insumos básicos tras los bloqueos.
Las protestas, impulsadas inicialmente por sindicatos de profesores y trabajadores de la construcción, se intensificaron en mayo con la adhesión de los trabajadores bananeros, quienes denuncian que la nueva ley afecta sus condiciones laborales.
Aunque un acuerdo entre diputados y sindicalistas permitió la aprobación de una “ley especial” y el levantamiento temporal de los bloqueos, otros sectores sociales y docentes han continuado con las movilizaciones, rechazando el pacto y protagonizando nuevos enfrentamientos con las fuerzas represivas. Estos sectores no otorgaron legitimidad al acuerdo, al considerar que la nueva ley no cubre a todos los afectados y que el uso de la fuerza policial busca criminalizar la protesta social, según declaraciones recogidas por France 24 y Centroamérica360.
Tanto el Gobierno como la patronal, en su línea habitual, han condenado lo que denominan como “actos de violencia”, mientras la provincia de Bocas del Toro, principal región bananera y de población mayoritariamente indígena, sigue enfrentando una situación de tensión y desabastecimiento. Los trabajadores sostienen que las protestas y los bloqueos son la única forma de presión para defender sus derechos laborales y evitar la pérdida de conquistas laborales históricas, en un contexto de creciente tensión social y represión policial
