El Gobierno español ha logrado un acuerdo con la OTAN que le exime de elevar el gasto militar al 5 % del PIB de inmediato, como exigía Estados Unidos, y le permite mantenerlo cerca del 2 % por ahora. Sin embargo, la letra pequeña del pacto implica contrapartidas relevantes: el Estado español deberá justificar cada año cómo cumple los objetivos de capacidades militares que le asigne la Alianza, y la “flexibilidad” concedida será revisada en 2029, según fuentes gubernamentales y documentos oficiales citados por eldiario.es e intercambiados entre Pedro Sánchez y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Entre los compromisos asumidos, Madrid se ve obligada a presentar planes anuales detallados sobre recursos, personal y operatividad militar, que estarán siempre bajo el escrutinio de la OTAN. Además, el acuerdo prevé una senda de gasto creciente y la posibilidad de que la Alianza exija ajustes si considera que el Estado español no cumple con los objetivos pactados. En 2029, la OTAN revisará la situación y podrá reclamar nuevas aportaciones si el contexto estratégico lo requiere.
El Ejecutivo español defiende que este modelo “garantiza la soberanía presupuestaria” y evita otro aumento inmediato y exponencial del gasto militar, pero expertos y fuentes diplomáticas advierten que el control será aún más estricto y que la presión internacional podría aumentar si Madrid no cumple con el “espíritu” del acuerdo. Por lo tanto, la supuesta “flexibilidad” lograda por Sánchez es temporal. Además, deja al Estado español bajo vigilancia más estricta y con la obligación de justificar su aportación año a año.
