Una investigación del Palestinian Youth Movement, difundida por elDiario.es, documenta que el Gobierno español ha facilitado el tránsito y transbordo de mercancías originadas en territorios palestinos ocupados después de 1967 con destino a Estados Unidos, utilizando puertos como València y Barcelona entre noviembre de 2024 y junio de 2025.
Los envíos, procedentes principalmente de la Zona Industrial de Barkan en Cisjordania (Palestina) incluyen productos de empresas como Ronopolidan Ltd, Ofertex Industries, ISM Magen Goldman Safes Enclosure, Best Stones y Pinhas Hisherik, todas ellas con sede en colonias consideradas ilegales incluso por el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas.
La investigación señala que el uso de infraestructura portuaria española facilita este tipo de comercio ilegal y “contribuye a la sostenibilidad de las economías de los asentamientos ilegales”, en palabras de los investigadores del Palestinian Youth Movement. Entre los productos detectados figuran equipos de envasado, textiles, cajas fuertes, piedra caliza y acero, todos ellos consignados con dirección en la colonia de Barkan. Además, se han identificado tránsitos de materiales de empresas asentadas en territorios ocupados por el Estado de Israel en Jerusalén Este (Palestina), Cisjordania y los Altos del Golán (Siria), como Extal, Mapal o Tirehaladi, así como envíos de aluminio, neumáticos y láminas de polipropileno.
Complicidad con crímenes de guerra
El dictamen de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024 y varias resoluciones de la Asamblea General de la ONU instan a los Estados a “impedir el comercio y las inversiones que contribuyan a la ocupación ilegal israelí”. Sin embargo, Madrid mantiene relaciones comerciales y armamentísticas ilegales con la entidad colonial. Según datos oficiales, desde octubre de 2023 hasta abril de 2025, el Gobierno español adjudicó o formalizó 46 contratos de compra de material militar a empresas israelíes, realizó 88 envíos de armamento y permitió el tránsito de barcos con material militar, según el Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
A pesar de la presión de más de 600 organizaciones sociales que reclaman un embargo integral de armas y el cese de relaciones comerciales con empresas vinculadas a la ocupación, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue haciendo caso omiso a las demandas y permitiendo el tránsito de productos y material militar, mientras da lecciones sobre derecho internacional a sus socios europeos.
Los datos de abril son claros al respecto: importaciones de bombas, granadas, misiles y municiones por más de 3,3 millones de euros, mientras que la Plataforma de Contratación del Estado no refleja la revocación de ningún contrato con empresas israelíes. Relatores de la ONU han advertido que facilitar el comercio con empresas asentadas en territorios ocupados después de 1967 contribuye a fortalecer la ocupación y puede constituir complicidad en crímenes de guerra.
