El precio medio del alquiler en el Estado español ha alcanzado otro máximo histórico en poco tiempo, situándose en 1.155 euros mensuales, según los últimos datos recabados por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos. Este dato no solo refleja una subida de los precios, sino el agravamiento de una crisis social de acceso a la vivienda que afecta ya a millones de personas, en diferentes formas.
En ciudades como Barcelona, el alquiler supera ya los 1.650 euros de media, y la competencia por cada piso es feroz: hasta 437 personas pueden contactar por una sola vivienda en apenas diez días. Esta situación se traduce en una exclusión residencial creciente, especialmente para jóvenes, migrantes y familias obreras, que ven cómo el derecho a una vivienda se convierte en un bien cada vez más inaccesible. Como consecuencia, las grandes ciudades empiezan a experimentar fenómenos como el sinhogarismo de masas en los aeropuertos de Barajas en Madrid y El Prat de Barcelona; fenómenos nunca visto hasta ahora en el Estado español y tradicionalmente asociados a países altamente desiguales como EE. UU. Otra cara de la moneda es la proliferación de los “nanopisos”, familias que sobreviven hacinadas en viviendas diminutas, o directamente personas sin hogar que construyen asentamientos informales en la calle.
La especulación inmobiliaria, el auge del turismo y su consiguiente expansión del alquiler turístico, el carácter residual del parque público de vivienda, el retroceso en el gasto público en vivienda y la precariedad laboral y la pobreza han convertido el acceso a la vivienda en uno de los principales factores de exclusión social. El 39% de los hogares en alquiler destinan más del 40% de sus ingresos a la vivienda, muy por encima de los umbrales de asequibilidad recomendados, que los expertos sitúan sobre el 30%.
A pesar de las medidas adoptadas, como la declaración de zonas tensionadas o los vagos intentos de limitar el alza de los precios, los datos muestran que la vivienda sigue encareciéndose y el alquiler accesible desaparece año tras año. Tan solo en los últimos dos años, se calcula que Barcelona ha perdido cerca de 48.000 viviendas en alquiler, mientras que a nivel estatal se prevé una caída de más de 14.500 pisos disponibles solo en 2025.
Desde sectores liberales y los partidos políticos de derechas apuestan por la liberalización del suelo y el aumento de la oferta como supuesta solución al problema, pero los datos muestran que la construcción y la compraventa de vivienda ya está disparada, y los precios siguen sin bajar.
Desde algunas fuentes académicas y el movimiento de vivienda señalan que el problema del alquiler en el Estado español es, ante todo, un problema de acceso y de derechos: miles de personas sin acceso a la vivienda en propiedad quedan poco a poco también fuera del mercado del alquiler, expulsadas por precios desorbitados y la ausencia de alternativas. Mientras tanto, la vivienda sigue tratándose como un bien de inversión y no como un derecho fundamental, profundizando las desigualdades y acelerando la tensión social.
Por si esto fuera poco, las previsiones anticipan que el precio de la vivienda seguirá subiendo en 2025, hasta un 9%. Y no solo eso, algunas voces empiezan a prever un colapso del mercado inmobiliario en cuestión de tres a cuatro años si los precios siguen calentándose.
