La reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea celebrada este viernes en Bruselas volvió a posponer la votación para conferir el estatus de lenguas oficiales comunitarias al catalán, euskera y gallego. La propuesta, presentada por el Gobierno español, necesita el apoyo unánime de los 27 estados miembros, pero sigue encontrando reticencias, especialmente por “cuestiones jurídicas y económicas”.
Países como Luxemburgo, Austria, el Estado francés, Polonia y Finlandia han expresado que “aún no es el momento adecuado” y señalan que persisten dudas sobre el encaje legal en los Tratados y “el coste presupuestario de incorporar tres nuevos idiomas de trabajo”. El ministro luxemburgués, Xavier Bettel, apuntó que la agenda europea está marcada por debates sobre sanciones a Rusia y la cuestión palestina, y advirtió que cambios en idiomas oficiales afectan a la percepción de consenso en la UE.
El Gobierno español, por voz del secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, sostiene que “ya ha respondido a todas las cuestiones planteadas” y reclama: “Veinte millones de europeos no pueden ser discriminados por su lengua”. Moncloa ha comprometido a asumir el coste de la traducción e interpretación, estimado preliminarmente en 132 millones de euros, y ha propuesto una “aplicación progresiva” hasta 2027.
La oficialidad de las lenguas cooficiales ha generado debate por el posible establecimiento de precedentes para otras minorías lingüísticas europeas, aunque el Ejecutivo español defiende que catalán, gallego y euskera cumplen requisitos históricos y constitucionales muy específicos. Actualmente, ya es posible utilizarlas en ciertos órganos europeos, pero no cuentan con reconocimiento pleno como lenguas de trabajo.
Desde el Ejecutivo español insisten en que “seguirán negociando” para conseguir el aval de todos los socios, a pesar de los nuevos aplazamientos. La decisión, si se llega a tomar, debe ser por unanimidad y con acuerdo respecto a los detalles legales y financieros entre todos los países miembros.
