Donald Trump ha intensificado la atención sobre el caso Epstein, un escándalo que involucra al millonario Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores, fallecido en prisión en 2019. En las últimas horas, el caso ha experimentado un nuevo giro político y mediático en los Estados Unidos de América, cuando Donald Trump, en calidad de presidente del país, ha presentado una demanda contra el diario The Wall Street Journal y sus periodistas tras la publicación de una carta manuscrita de felicitación que Trump habría enviado a Jeffrey Epstein en 2003, cuando mantenían una relación de amistad. El expresidente sostiene que dicha carta “es falsa” y anuncia medidas legales inéditas desde la presidencia.
Paralelamente, el escándalo continúa sacudiendo los círculos políticos tras la orden pública de Trump a la fiscal general Pam Bondi para que solicite a los tribunales la desclasificación de parte de los documentos relacionados con la investigación a Epstein. Esta maniobra busca responder a sus seguidores más críticos y coincide con la presión en los medios para obtener transparencia sobre las conexiones de figuras poderosas —incluido el propio presidente— con el magnate fallecido en 2019.
Según la cronología reconstruida por The New York Times y otros medios, Trump fue al menos durante quince años amigo de Epstein, relación que él mismo llegó a declarar en el pasado. Sin embargo, desde la campaña presidencial y, sobre todo, desde la reaparición del caso en el debate público, Trump prometió “publicar todos los expedientes secretos”. Tras asumir la presidencia, muchos de estos documentos permanecieron clasificados, lo que ha multiplicado las sospechas sobre la administración Trump y la presión para la apertura total de archivos y testimonios.
En respuesta, la fiscal general Bondi anunciaba su intención de pedir a los tribunales la publicación de los testimonios relevantes del gran jurado, aunque ha subrayado que “están sujetos a decisión judicial y restricciones legales respecto a la información sobre víctimas y terceras personas”. Por su parte, el Departamento de Justicia había señalado previamente que “no existe una lista de clientes” de celebridades enlazados con Epstein y que, hasta el momento, “no se han hallado pruebas incriminatorias contra personas de renombre en los documentos revisados”.
Entre los antecedentes inmediatos figura también el reciente despido de la fiscal federal de Nueva York, Maurene Comey, quien gestionaba parte del expediente Epstein y había sido criticada por la administración Trump y sus seguidores por su rol en la investigación y por presuntas irregularidades en el manejo de la documentación judicial.
Mientras buena del foco mediático y político se centra en la autenticidad y el contenido de la carta publicada por The Wall Street Journal, la demanda presidencial, las órdenes de desclasificación y las tensiones internas en torno al caso Epstein continúan alimentando la controversia sobre las relaciones de poder, el acceso a la información y el poder judicial en las más altas esferas de Washington.
