Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia entre 2002 y 2010 y uno de los políticos más influyentes del país en las últimas décadas, fue declarado culpable este lunes 29 de julio de por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, en un fallo histórico leído por la jueza Sandra Heredia tras más de diez horas de audiencia.
La magistrada sostuvo que Uribe, de 73 años, instruyó a su letrado Diego Cadena para ofrecer beneficios a exparamilitares encarcelados, entre ellos Juan Guillermo Monsalve, a cambio de testimonios favorables y en contra del senador Iván Cepeda. “Álvaro Uribe Vélez sabía de lo ilícito de su actuar”, sentenciaba Heredia, quien recalcó que la justicia colombiana “no se arrodilla ante el poder” y subrayó “la autonomía judicial” frente a las fuertes presiones políticas del caso.
La condena, susceptible de apelación, podría suponer hasta 12 años de prisión según la calificación de los delitos, aunque por la edad del exmandatario y la naturaleza del fallo se contempla la posibilidad de detención domiciliaria.
Uribe fue absuelto de un tercer cargo menor relacionado con soborno simple, mientras su defensa, liderada por Jaime Granados, anunció que recurrirá ante el Tribunal Superior de Bogotá y, en última instancia, ante la Corte Suprema colombiana.
El veredicto no paraliza la intensa actividad política e influencia que Uribe mantiene sobre el espacio conservador y la derecha colombiana, cuyo respaldo a su figura sigue movilizando tanto a partidarios como a detractores.
Este caso — descrito por medios colombianos como “el juicio del siglo”— representa un hito judicial en un país donde las élites económicas y políticas han gozado históricamente de impunidad total, y la justicia rara vez alcanza los niveles más altos del poder político, incluso cuando se ha visto implicado en serios crímenes relacionados con el terrorismo de Estado, el paramilitarismo y la contrainsurgencia.
El Tribunal enfatizó que no se trata de una “conspiración” ni una “venganza”, sino de “un acto de justicia y solo de justicia”, en referencia a las denuncias de Uribe sobre motivaciones políticas, y señaló que el fallo es “sobre hechos y no sobre nombres”.
En adelante, la pena concreta se decidirá en una audiencia complementaria fijada para este viernes, mientras la disputa política en torno al caso augura impactos duraderos en la agenda pública y en el contexto preelectoral de 2026.
