Ana, residente en Mataró (Barcelona, Catalunya) junto a su marido Arquímedes y sus tres hijos, se enfrentaba a una orden de desahucio cautelar emitida por el Juzgado de Instrucción 1 de la ciudad, a pesar de estar empadronada y de que su familia posee contrato de alquiler en vigor. Sin embargo, el pasado 26 de agosto, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) anunciaba en redes que el desahucio ilegal fue paralizado gracias a la presión pública y la labor jurídica ejercida. Por el momento, el desalojo cautelar queda en suspenso, a la espera de que se resuelva el recurso.
"Si no fuera por la movilización en la puerta de hace un mes y por el trabajo sindical de los últimos días, Ana y Arquímedes estarían en la calle", denuncian desde el SHSC. Por ello, consideran que el caso deja una clara lección: "necesitamos un sindicato fuerte para luchas contra los abusos de los rentistas".
Por culpa de los juzgados, explica el SHSC, una família podría haber sido desahuciada de forma fraudulenta. "Los que tanto hablan de respeto a las leyes, las vulneran impunemente cuando les conviene. Leyes, jueces y policías, a la hora de la verdad, solo protegen los beneficios de rentistas y especuladores", concluyen.
El caso de Ana
Esta denuncia kafkiana fue presentada por el rentista propietario del inmueble, que acusa a Ana de "ocupar la vivienda sin título legal", lo que motivó la aceptación de una demanda penal por parte de la jueza responsable.
El conflicto surgió porque el contrato de arrendamiento está solo a nombre de Arquímedes, pero Ana reside legalmente con su familia en el piso desde hace varios meses. Según recoge elDiario.es, el rentista no ha incluido en la demanda ninguna mención al contrato y se ha centrado exclusivamente en imputar a Ana, argumentando que "no ha acreditado la legitimidad de su ocupación", obviando que Ana está empadronada en la vivienda y que existe una inspección municipal que avala su residencia.
A pesar de todo, la jueza falló en primera instancia a favor del rentista y autorizó la orden de desahucio bajo la consideración de que "la ocupación permanente supone un perjuicio grave para el propietario", quien, según el absurdo auto, "se está privando del uso y disfrute de la vivienda". La abogada del SHSC, Anna Olesti, manifestó ante elDiario.es que “es improbable que el perjuicio sea tan elevado como para justificar un desahucio cautelar, sobre todo teniendo en cuenta que hay menores de por medio”.
Desde el sindicat han denunciado que la vía penal ha sido utilizada como estrategia premeditada por parte del rentista para recuperar la vivienda de forma rápida y sin juicio, ya que la ocupación es la única causa que puede tramitarse de esta forma, mientras que las otras razones de desahucio (impago, incumplimiento, finalización de contrato) se dirimen en la vía civil. La abogada sostiene que “no tiene sentido jurídicamente, pero les ha funcionado y eso pone en cuestión la protección legal de los inquilinos”.
Ana, que llegó de Venezuela hace un año y medio, recalca que nunca ha dejado de pagar el alquiler, siempre ha vivido en la vivienda y cuenta con el apoyo de sus vecinos y del SHSC, que ha organizado movilizaciones para frenar el desahucio.
