El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional española, a cargo del juez Santiago Pedraz, ha decidido abrir diligencias para investigar una denuncia presentada por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM). La denuncia señala lo que ellos califican como "delitos de odio", "desórdenes públicos", "lesiones" y "atentados contra la seguridad vial" relacionados con las protestas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta a España. El caso ha sido remitido a la Fiscalía para que valore la admisión y la competencia del tribunal, cuya jurisdicción es discutida por fuentes jurídicas.

ACOM atribuye a colectivos como la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) y la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel la organización de protestas que incluyen "bloqueos y hostigamiento", con consecuencias que, según sus palabras, "han provocado detenciones y caídas de ciclistas". Asimismo, señala a partidos como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar como "promotores activos de la exclusión del equipo israelí" y responsabiliza a la organización del evento, incluyendo al director técnico Kiko García, de "legitimar estas acciones".

La denuncia también reclama "responsabilidad" al Gobierno y a las autoridades, específicamente al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, por sus "posturas en favor de la expulsión" del equipo que blanquea el genocidio, y por considerar que "no han garantizado el orden y la seguridad durante la competición". Este procedimiento judicial llega en medio de la tensión política y social que ha generado la presencia del equipo sionista en La Vuelta, con manifestaciones continuas y episodios de interrupción en el normal desarrollo del evento, que han puesto en cuestión la participación de los ciclistas del Estado genocida.