Empresarios amasan su fortuna con 2,6 millones de horas extra gratis y un fraude millonario a la Seguridad Social
La burguesía roba 141 euros en salarios y cotizaciones a la semana a cerca de 400.000 trabajadores en el Estado español, lo que supone un fraude estimado en 3.254 millones anuales.
Las horas extras no pagadas en el Estado español alcanzan a unas 400.000 personas, que semanalmente realizan 2,6 millones de horas extra ilegales, según datos de la Encuesta de Población Activa y sindicatos. Este fraude laboral supone para la clase obrera una pérdida media semanal de 141 euros en salarios y cotizaciones, mientras que la Seguridad Social deja de ingresar 3.254 millones de euros anuales, una cifra que equivale millones de euros y 52 semanas de trabajo totalmente gratuito, recursos que dejan de estar en los bolsillos y la vida de los trabajadores. Además, expertos subrayan que cientos de miles de empleos a tiempo completo podrían crearse si estas horas se legalizaran y pagaran. En ambos casos, el resultado es el empobrecimiento del proletariado y el enriquecimiento de la burguesía.
La Ley de reducción de jornada y el registro horario pretenden "combatir esta situación irregular", según ellos, "obligando a registrar objetivamente las horas trabajadas", pero observadores y abogados laboralistas señalan que esta "medida" no se cumple y que la evasión persiste. Sectores como la hostelería, finanzas y seguros concentran una alta proporción de horas extra no remuneradas. Las inspecciones diarias en comunidades como Madrid dicen buscar "atajar el problema", pero no han logrado una reducción sustancial aún, ya que los empresarios continúan utilizando dinero B para evitar cotizaciones y fiscalización.
El cobro de horas extras en sobres, sin registro legal ni cotización, es un síntoma visible de un mercado laboral que genera desigualdad y precariedad laboral, favoreciendo el fraude fiscal y las trampas de los empresarios. Las autoridades y sindicatos dicen coincidir en que "es crucial un control efectivo", con "sanciones ejemplares" y el "fortalecimiento de la inspección de trabajo para garantizar los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad del sistema público de la Seguridad Social". Sin embargo, se destinan muchos más recursos se destinan a la policía, que se dedica a vigilar principalmente a la pobreza, no a la riqueza construida a base de explotación y robo legalizado contra la clase obrera.
