Cuatro municipios de Guadalajara presentan alegaciones contra el proyecto minero de Oroberia
Vecinos, ecologistas y ayuntamientos alertan sobre efectos ambientales, riesgos para acuíferos y contra un modelo de desarrollo rural insostenible.
Los Ayuntamientos de La Toba, Medranda, Pinilla de Jadraque y San Andrés del Congosto, junto a Ecologistas en Acción, asociaciones culturales, vecinales y centenares de particulares, han presentado alegaciones para rechazar el proyecto de explotación minera denominado “Gua” impulsado por la empresa Oroberia en la Sierra Norte de Guadalajara (Castilla-La Mancha). El proyecto contempla la búsqueda de yacimientos de oro en 2.800 hectáreas que abarca 94 cuadrículas mineras, con una primera fase de seis sondeos de hasta 400 metros de profundidad, y una posible segunda fase con otros seis sondeos, además de trabajos de geoquímica y geofísica en superficie, según denuncian desde Ecologistas en Acción.
Las alegaciones señalan que el territorio afectado es de alta biodiversidad, con el 63,64% catalogado como Hábitat de Interés Comunitario y la presencia de dos espacios de la Red Natura 2000: el Valle del río Cañamares y las Riberas del Henares, sumado al Lugar de Interés Geológico del Embalse de Alcorlo. Además, alertan de la posible contaminación de acuíferos y captaciones de agua potable, problemas en la calidad del aire, daños a la agricultura, apicultura, ganadería, caza y molestias por el tráfico de maquinaria por caminos históricos. Rechazan la versión de Oroberia que califica el proyecto como minería sostenible, señalando que “se pretende esquilmar materias primas con técnicas impactantes y contaminantes”.
Este proyecto es el primero de una serie de tres para los que Oroberia ha solicitado permisos, junto a “Dala” y “Jara”, que en conjunto afectarían casi 15.000 hectáreas extendiéndose desde La Toba hasta Atienza y otros municipios como Pálmaces y Sigüenza. En septiembre tuvo lugar una reunión informativa en Naharros para articular una estrategia común de oposición contra las explotaciones, dadas las consecuencias negativas para la conservación, la sostenibilidad y la fijación de población, en contraposición a las recomendaciones sobre desarrollo rural de la ONU.
La movilización expresa el rechazo social y político a la minería en zonas rurales con gran valor ecológico y cultural. Centenares de personas y varios colectivos insisten en la necesidad de preservar el territorio frente a explotaciones que consideran incompatibles con la protección ambiental y la calidad de vida de las comunidades. Solicitan a la Junta de Castilla-La Mancha la desestimación definitiva de estos proyectos, que consideran una amenaza para el futuro sostenible de la Sierra Norte de Guadalajara.
