La publicación de un vídeo en el que se muestra la inmovilización mediante correas de una presa en Brians 1, prisión catalana de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat, Barcelona), ha generado fuertes denuncias. En las imágenes, difundidas por La Directa, la mujer, manillada y con el pecho doblado hacia adelante, es arrastrada por tres funcionarios equipados con material antidisturbios y sometida a una contención boca abajo, con un protector de plástico cubriéndole la cabeza, mientras grita de dolor por el ajuste de las correas.

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) ha criticado esta práctica, reconociéndola como potencialmente traumática y denunciándola como trato inhumano y degradante. En 2024 se registraron en Catalunya 657 contenciones mecánicas, 173 en Brians 1, siendo mayoría regimentales, es decir, aplicadas por vigilancia penitenciaria o la dirección con fines punitivos, y no por profesionales sanitarios. La tendencia ha aumentado un 29% en los primeros cinco meses de 2025, en un contexto de ausencia de regulación legal específica y salas deficientemente climatizadas.

El abogado David Aranda, de Arrels Advocats, ha cuestionado la "proporcionalidad" y legalidad de la medida en Brians 1, indicando que "podría haberse recurrido a soluciones menos invasivas" como el aislamiento en salas acolchadas. Según Aranda, la presa no mostraba resistencia y la medicación fue forzada. La contención incluyó la colocación de “escudos antiescopinadas” y la obligó a permanecer boca abajo durante los primeros minutos, con episodios de agitación y sufrimiento que fueron ignorados por quienes aplicaban la medida.

Aunque el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, calificó la contención como “correcta” tras investigaciones internas y judiciales, Aranda señaló que estas "no evaluaron la legalidad y proporcionalidad del acto", insistiendo en que la práctica demuestra una política sistemática y persistente de la administración penitenciaria catalana y que contraviene los derechos humanos que dice defender.

Organizaciones de defensa de derechos humanos y movimientos sociales exigen la abolición completa de las contenciones mecánicas y la formación de un grupo parlamentario para investigar estos casos.

El pasado mayo, un amplio consenso conformado por el PSC, PP, Vox y Junts per Catalunya rechazó la creación de un grupo de trabajo en materia penitenciaria y de derechos humanos de la Comisión de Justicia del Parlament.

Ante el bloqueo institucional y a la luz de los hechos revelados, la red de entidades que trabajan en el ámbito de los derechos humanos en las prisiones de Catalunya ha realizado una rueda de prensa este martes por la mañana. De momento, han logrado que se apruebe la comparecencia del conseller de Justicia para que de explicaciones sobre las contenciones mecánicas penitenciarias.