La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, órgano colegiado dependiente del Ministerio del Interior del Gobierno español, el "Gobierno más propalestino de la historia", ha decidido proponer multas que oscilan entre 1.500 y 5.000 euros para 38 personas vinculadas a las protestas ocurridas por la presencia del equipo Israel-Premier Tech.

Las sanciones corresponden tan solo a las últimas cuatro etapas de la Vuelta Ciclista a España en Castilla y León y la Comunidad de Madrid, según informó el Ministerio del Interior a través de la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional española. A ello habría que sumarles todos los sancionados en Catalunya, Euskal Herria, Asturies y Galiza. Junto a las sanciones económicas, se imponen prohibiciones de acceso a recintos deportivos por hasta un año.

Estas medidas muestran la estrategia de Estado que busca criminalizar la protesta social en eventos deportivos en base a la Ley 19/2007 "contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte", que reduce el margen de actuación de movimientos sociales y políticos que protestan contra un genocidio, bajo amenaza de sanciones económicas y administrativas severas.