Condenados tres promotores y un exalcalde del PP por 292 chalets ilegales en Llíber
La Audiencia Provincial de Alacant condena por estafa y prevaricación a los cinco implicados en la construcción irregular de viviendas en suelo rústico; otros cinco acusados han sido absueltos por "falta de pruebas".
La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alacant emitió sentencia el 25 de septiembre en la causa por la construcción irregular de 292 chalets en suelo rústico no urbanizable en el municipio de Llíber (Alacant, País Valencià), entre 1999 y 2003. El fallo condena a tres promotores urbanísticos –Miguel Muntaner, Trevor John Henry Bourne y Peter Antonius Schid– y al arquitecto municipal Amador Signes a dos años de prisión cada uno por un delito continuado de estafa, agravado por la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso judicial, que duró 16 años. Además, se impone una multa de 1.800 euros a cada uno de los cinco condenados –incluyendo al exalcalde José Mas (PP)– por prevaricación urbanística continuada, según detalla la resolución consultada por Europa Press y publicada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el 2 de octubre.
El tribunal considera probado que los promotores anunciaban y vendían parcelas en suelo rústico a compradores, mayoritariamente británicos, a través de agentes inmobiliarios en el Reino Unido, asegurando la posibilidad de edificar viviendas de nueva planta por precios superiores a 150.000 euros por unidad. Estas licencias se obtenían mediante memorias técnicas falsificadas como proyectos de rehabilitación de "almacenes agrícolas inexistentes", elaboradas por el arquitecto municipal Signes, quien cobraba por ellas y emitía informes favorables pese a conocer su ilegalidad conforme a la normativa urbanística vigente (Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de la Comunitat Valenciana, LOTUP, y planes municipales). El exalcalde Mas aprobaba estas licencias en plenos municipales con su voto favorable, facilitando la construcción de 292 inmuebles detectados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil tras una denuncia en 2003.
La sentencia absuelve a los cinco restantes acusados, entre ellos tres ediles municipales (incluido el actual alcalde José Juan Reus, del PP, que era concejal en la época) y una secretaria municipal, de delitos de prevaricación y estafa por "falta de prueba de su participación activa". Asimismo, se descarta el delito de cohecho para Mas y Muntaner, al no considerarse probados sobornos como un vehículo Mercedes o pagos en efectivo por licencias y tendidos eléctricos, pese a las acusaciones iniciales de la Fiscalía, que pedía penas globales de 43 años y tres meses de prisión en el juicio oral iniciado el 6 de mayo de 2025. El fallo inhabilita a Signes y Mas durante tres años para profesiones relacionadas con urbanismo, construcción o administración pública, y declara responsables civiles subsidiarios al Ayuntamiento de Llíber y cuatro empresas promotoras.
Esta resolución cierra una investigación iniciada en 2009 tras inspecciones del Seprona, que revelaron vulneraciones graves a la ordenación del territorio al clasificar el suelo como no urbanizable para proteger el paisaje y evitar urbanizaciones descontroladas. El caso ilustra tensiones históricas en la Marina Alta por el "urbanismo salvaje" de finales de los 90, que ha tenido un gran impacto en el medio de la región.
