Desde que la ofensiva genocida israelí contra Gaza se desencadenó tras la operación de la resistencia palestina el 7 de octubre de 2023, Estados Unidos ha entregado al régimen de Tel Aviv al menos 21.700 millones de dólares en ayuda militar, según un informe del Quincy Institute y el Costs of War Project de Brown University. Esta cifra casi triplica la media anual contemplada en el acuerdo de 38.000 millones firmado durante la era Obama, evidenciando un sacrificio económico para sostener un genocidio a gran escala sobre la población palestina.

Más de 4.000 millones en armas y equipo militar han sido enviados sin demora, incluyendo aviones F-15, F-16 y F-35, helicópteros de ataque y misiles avanzados, además de repuestos y mantenimiento crítico para el arsenal israelí. Sin esta asistencia, la capacidad de destrucción y expansión del se habría reducido considerablemente, pero Washington ha preferido mantener intacto el flujo de armas y financiación, tanto con el republicano Donald Trump en la actualidad como con el demócrata Joe Biden previamente.

Las consecuencias para la población de Gaza son atroces: un estudio de la Universidad de Brown estima que más de 236.000 palestinos han sido asesinados o heridos, el 10% de la población, y que más de 5 millones han sido desplazados por la devastación. Estudios de la revista The Lancet aportan estimaciones similares, y la ONU sitúa la horquilla incluso más arriba: Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, declaró que la cifra oficial de 65.000 palestinos asesinados Gaza está severamente subestimada y que el número real podría alcanzar los 680.000.

A pesar de la magnitud incalculable del sufrimiento, la política estadounidense ha sido invariablemente proteger la impunidad de los genocidas y no presionar para detener el ataque y la ocupación hasta que prácticamente toda la Franja de Gaza ha sido barrida sin que los israelíes hayan podido recuperar a sus prisioneros o destruir a la resistencia palestina.

La continuidad de esta política no sólo perpetúa una tragedia humanitaria sin precedentes, sino que desbarata las leyes internacionales. El respaldo económico y militar inquebrantable de Estados Unidos a la entidad sionista convierte a su gobierno en cómplice activo de violaciones flagrantes del derecho internacional y de un genocidio en curso.