Siete empresarios detenidos por explotación laboral ilegal de 45 trabajadores, incluidos tres menores
Las víctimas, en su mayoría trabajadores marroquíes en situación irregular, eran explotadas sin contrato y vivían hacinadas en La Rioja, incluso encerradas con candados.
Han detenido a siete empresarios —seis hombres y una mujer, de entre 28 y 50 años— acusados de formar una red criminal dedicada a la explotación laboral ilegal en fincas agrícolas de La Rioja. Según las autoridades, en la operación Landwirt se han identificado al menos 45 trabajadores explotados ilegalmente, entre ellos tres menores de 12, 15 y 17 años, que trabajaban sin contrato y en condiciones infrahumanas. Las víctimas, la mayoría de origen marroquí y en situación irregular, “vivían hacinadas en habitaciones sin ventilación e incluso encerradas con candados”, y trabajaban jornadas completas bajo falsas promesas de regularizar su situación.
Los detenidos están investigados por delitos de trata de seres humanos, detención ilegal, contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La red captaba a las víctimas en distintos puntos del país para explotarlas en labores agrícolas en La Rioja. Una de las viviendas registradas albergaba a 15 personas en pésimas condiciones, con colchones en el suelo y sin acceso a ventilación. En los registros, realizados en cinco inmuebles y cinco naves industriales, se han intervenido 22.000 euros en efectivo, joyas, documentación, dos vehículos y seis cuentas bancarias bloqueadas, además de suspenderse la actividad de una empresa vinculada.
La investigación comenzó en julio, tras una denuncia que alertó de una posible red asentada en La Rioja Baja. Los trabajadores realizaban tareas como poda, desbroce o recogida de fruta y verdura, percibiendo salarios en efectivo muy por debajo de lo legal: en algunos casos “un euro por kilo de piparra recolectado”, detallan las pesquisas. Además, se les descontaban 150 euros por compartir estancia o 50 por una de las mencionadas camas, generando una dependencia total y una relación de control semiesclavista basada en la vulnerabilidad y el terror. Muchos de ellos ni siquiera llegaron a cobrar por vender su fuerza de trabajo.
Durante el operativo, varios trabajadores temieron por su situación y huyeron campo a través al percatarse de la presencia policial. Los registros fueron ejecutados en Calahorra, Arnedo y Nafarroa, con intervención de equipos cinológicos especializados en detección de dinero.
El caso vuelve a poner de manifiesto las condiciones de superexplotación laboral que padece la clase obrera migrante, especialmente cuando se encuentra indocumentada. Mientras tanto, las autoridades hacen algunos registros puntuales en medio de un escenario general de marginación y falta de control efectivo sobre las condiciones de los sectores más vulnerables.
