Seis meses después del histórico apagón del 28 de abril, que sumió a toda la Península Ibérica en un caos energético sin precedentes, el sistema eléctrico vuelve a tambalearse bajo un velo de incertidumbre. El 7 de octubre, Red Eléctrica de España (REE) notificó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "variaciones bruscas de tensión" detectadas en las dos últimas semanas, que podrían desencadenar desconexiones masivas de generación o demanda, según el comunicado de la CNMC del 8 de octubre. Fuentes del sector, citadas por La Vanguardia, comparan estas "anomalías" con los días previos al colapso de abril, pero ni REE ni el Ministerio para la Transición Ecológica han aclarado las causas, ni las de entonces ni las de ahora, dejando entrever un fallo estructural en el sistema. Mientras, los consumidores particulares enfrentan el impacto de costes crecientes por medidas de emergencia, estimados en más de 1.000 millones de euros anuales, según un análisis de El País.

El apagón de abril, descrito como una "cascada de sobrevoltaje" en el informe europeo de expertos del 3 de octubre, sigue sin responsables ni causas claras. Factores como "desequilibrios oferta-demanda" y "picos de producción renovable" (56% del mix en 2024, según REE) se mencionaron, pero el Senado español, en su investigación iniciada el 12 de junio, no ha extraído "conclusiones definitivas".

Ahora, REE señala un nuevo cóctel de problemas: una avalancha de energía fotovoltaica en momentos de alto consumo por temperaturas suaves, un aumento previsto de eólica estacional y el impacto imprevisible del autoconsumo, que reduce la demanda neta en la red de transporte. Estas instalaciones, conectadas mediante electrónica de potencia, generan cambios abruptos de potencia "en escalón", desestabilizando la tensión, según la CNMC. Sin embargo, la falta de visibilidad sobre las pequeñas instalaciones de autoconsumo y la lenta respuesta de generadores convencionales, como nucleares o ciclos combinados, agravan el descontrol, sin que se haya identificado la raíz del problema.

Para contener esta crisis, REE ha solicitado "cambios urgentes" en varios procedimientos operativos, que incluyen "mayor flexibilidad para programar generación de respaldo" y "requisitos más estrictos para generadores convencionales", elevando al 90% el cumplimiento del control de tensión. La CNMC, en su resolución del 8 de octubre, ha abierto una audiencia pública hasta el 15 de octubre para evaluar estas medidas temporales, pero advierte que podrían encarecer los servicios de balance. Estas "soluciones", calificadas de "parche" por expertos, no abordan el fallo estructural subyacente, mientras los consumidores soportan tarifas eléctricas infladas por una operación reforzada que no garantiza estabilidad. 

El Gobierno y Red Eléctrica "piden" más supervisión

La opacidad y la reiteración de problemas sin solución clara alimentan la percepción de un sistema eléctrico con riesgos reales de colapso y de una negativa por parte del Gobierno a que las personas a cargo asuman responsabilidades. La CNMC reconoce que el crecimiento descontrolado de renovables y autoconsumo, combinado con la obsolescencia de procedimientos como el P.O. 7.4 (sin actualizar desde el año 2000 hasta junio de 2025), expone "vulnerabilidades críticas", pero aún se desconocen los factores reales. Mientras tanto, REE y el Ministerio "piden" más supervisión y medidas urgentes, aunque no se sabe exactamente a quién, al ser ellos los responsables últimos del sistema eléctrico del Estado español, junto con las empresas energéticas. Ante este escenario, la ausencia de un análisis profundo y transparente sobre el gran apagón de abril y las nuevas anomalías deja a los consumidores de clase trabajadora como principales víctimas, pagando el sobrecoste de un sistema eléctrico que, según fuentes del sector, "funciona a ciegas" ante desafíos tecnológicos y climáticos.