La UE impulsa una reforma para agilizar las devoluciones de migrantes
Bruselas pretende convertir la 'Directiva de Retorno' en un Reglamento vinculante para exportar el modelo italo-albanés fuera de Europa y expulsar a migrantes a zonas no seguras, en contra de la convención de Ginebra.
El 14 de octubre, los ministros de Interior de los 27 Estados miembros de la UE se reunieron en Luxemburgo para debatir la reforma de la Directiva de Retorno de 2008, con el objetivo de aumentar la tasa de deportaciones de migrantes indocumentados. La propuesta de la Comisión Europea busca transformar la directiva en un "Reglamento" vinculante, estandarizando procedimientos y reduciendo el tiempo de retorno.
Bajo la presidencia danesa, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) priorizó medidas como el reconocimiento mutuo de decisiones de retorno, que permitiría a un país ejecutar órdenes de otro sin trámites adicionales, y la creación de “centros de retorno” en terceros países no UE, inspirados en el modelo Italia-Albania.
El debate reflejó divisiones marcadas. Países del sur como el Estado español y Grecia exigieron "más solidaridad", proponiendo "redistribuir" hasta 30.000 personas al año, mientras Polonia y Hungría rechazaron reubicaciones, prefiriendo dinero a cambio de aceptar cierto número de migrantes. La propuesta incluye sanciones comerciales a países de origen "no cooperantes" y pretende fomentar "retornos voluntarios con incentivos".
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch advierten que medidas como los centros externos podrían violar la Convención de Ginebra de 1951, específicamente el principio de no devolución, al deportar a personas a zonas en las que su vida corre un grave peligro. Un estudio del propio Parlamento Europeo de enero de 2025 critica estos centros como “externalización punitiva”, pero la Comisión lo ignora completamente.
Conmigo no, pero bajo mis leyes
El modelo Italia-Albania, citado frecuentemente, sirve de referencia para Bruselas. En noviembre de 2023, Italia y Albania firmaron un protocolo bilateral para externalizar el procesamiento de solicitudes de asilo y retornos. Albania, un tercer país no miembro de la UE, acoge dos centros en Shengjin y Gjader, donde se detienen migrantes rescatados en el Mediterráneo. Estos centros operan bajo jurisdicción italiana, es decir, las leyes y autoridades de Italia se aplican "como si estuvieran en territorio italiano", procesando asilos acelerados y preparando deportaciones.
La UE propone extender este esquema a países como Túnez o Marruecos, más allá de Europa, para "aliviar" fronteras internas, aunque el comisario Magnus Brunner aclaró que cualquier centro, incluso aunque estuviese fuera de Europa, operaría bajo las normas de los países de la Unión. Sin embargo, la total falta de garantías procesales y el énfasis en deportaciones rápidas han avivado críticas por violaciones sistemáticas de derechos humanos.
