El Gobierno italiano sanciona al sindicato USB por la huelga general del 3 de octubre
La Comisión de Garantías acusa al sindicato de "vulnerar la ley de huelga", mientras la USB denuncia una operación represiva tras las movilizaciones contra el genocidio y en solidaridad con la Flotilla.
La Comisión de Garantías de los Servicios Esenciales (CGSSE) del Gobierno italiano ha iniciado un procedimiento administrativo para imponer sanciones al sindicato Unione Sindacale di Base (USB) por la huelga nacional del pasado 3 de octubre. Así informa la organización en un comunicado difundido por Osservatorio Repressione el 22 de octubre. Según la resolución de la Comisión, fechada el 21 de octubre, la USB habría vulnerado la Ley 146 de 1990 al "convocar el paro sin respetar los diez días de preaviso", argumentando que la protesta “no constituía una defensa de un derecho constitucional”, como establece el artículo 2, párrafo 7 de dicha ley.
El sindicato defiende, en cambio, la plena legitimidad de la huelga, al considerar que la falta de acciones del Gobierno de Giorgia Meloni para detener el genocidio y la ausencia de defensa hacia los ciudadanos italianos participantes en la Global Sumud Flotilla, detenidos ilegalmente por Israel, representan una violación abierta de la Constitución. La USB sostiene que, al participar en la Flotilla, varios trabajadores ejercían su derecho a la protección de su integridad física, lo que, según el mismo artículo de la ley, justificaría la convocatoria sin preaviso.
Más allá del aspecto jurídico, la USB denuncia una operación destinada a castigar a la organización sindical por su papel en las recientes movilizaciones. El sindicato recuerda que fue quien impulsó el paro general del 22 de septiembre y posteriormente arrastró también a la CGIL al del 3 de octubre.
La organización hace un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras que participaron en las huelgas a enviar mensajes de protesta a la Comisión, y alerta de más medidas disciplinarias en curso, como la abierta contra un dirigente de Bomberos por haber intervenido en la manifestación de Roma el 22 de septiembre.
USB afirma que el procedimiento de la CGSSE forma parte de una ofensiva más amplia para frenar las protestas de la clase obrera, y denuncia un clima de amenazas y desinformación en los centros de trabajo. “Hay un sistema donde se nota la presión y reacciona con violencia”, señala el comunicado. El sindicato anuncia además una nueva jornada de lucha: una asamblea nacional de delegados y delegadas el 1 de noviembre en Roma, bajo el lema contra la ley de guerra y las políticas antisociales.
