Estrasburgo condena al Estado español por negligencia y manipulación en la investigación de violaciones bajo sumision química
Jueces y policías permitieron el archivo del caso sin garantizar un juicio justo: pruebas fundamentales desaparecieron bajo custodia policial y se eximió a un agente del chivatazo a su cuñado, uno de los agresores.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado al Estado español por no haber llevado a cabo una investigación eficaz en dos denuncias de violación bajo sumisión química ocurridas en 2016 en Iruñea (Nafarroa). En su sentencia unánime, publicada este martes, la corte denuncia la "pérdida" y manipulación de pruebas fundamentales mientras estas se encontraban bajo custodia policial, sumado a los vínculos de algunos policías con los violadores. Las víctimas, que denunciaron incluso a un agente de la Policía Nacional española por dar un aviso a uno de los agresores para eliminar pruebas, un chivatazo que quedó impune, han recibido el respaldo europeo tras años de dilaciones y fallos judiciales en Nafarroa.
Informes forenses que "desaparecen" en comisaría y accesos irregulares a bases de datos
El caso se remonta a diciembre de 2016, pocos meses después de la mediática violación grupal de “la manada”. Dos mujeres denunciaron haber sido drogadas con sustancias para anular su voluntad y agredidas sexualmente por dos hombres. Sin embargo, la investigación local fue un cúmulo de irregularidades: "desaparecieron" informes forenses elaborados en Madrid, se borraron grabaciones de videovigilancia cruciales y se constataron accesos sospechosos a bases de datos relacionados con uno de los acusados, el cuñado de un policía involucrado. Todo ello derivó en el archivo del caso sin juicio.
Guiño de jueces
El sistema judicial español, desde el juzgado local hasta el Tribunal Supremo, ha exonerado a los acusados y al policía denunciado pese a los evidentes indicios de destrucción de pruebas y obstrucción, lo que motivó la apelación de las víctimas al TEDH. La corte europea ha dictaminado que se violaron los derechos de las víctimas a una investigación exhaustiva y a no sufrir tratos inhumanos ni degradantes. Además, ha señalado que la actuación de las autoridades careció de independencia y que la "reparación" de las evidencias perdidas fue totalmente insuficiente.
Este gravísimo caso de connivencia institucional con la violencia machista, lleno de negligencias y corrupción, genera un mensaje de impunidad absoluta, sobre todo para los policías y su entorno. Como "compensación", el Estado deberá pagar 20.000 euros a cada víctima y 5.000 euros adicionales en concepto de costas judiciales, una cifra simbólica que no repara el grave daño sufrido, mientras que los violadores y sus cómplices seguirán libres.
