La relatora especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ha presentó el pasado miércoles un nuevo informe detallado que cataloga el asedio y bombardeo en Gaza como un genocidio colectivo, facilitado por la complicidad activa y pasiva de potencias occidentales y otros terceros Estados.

El informe, titulado Gaza Genocide: a collective crime, acusa a estos países de proveer apoyo militar desmedido, protección diplomática, cooperación económica y maniobras para legitimar una campaña genocida que se ampara en narrativas coloniales y racistas, distorsionando el derecho internacional a favor del régimen genocida israelí.

La asistencia masiva en armas y financiación, principalmente vía EE.UU., Alemania e Italia, ha sido clave para sostener la máquina de guerra genocida de los sionistas, con miles de envíos aprobados y desregulados bajo argumentos de “defensa” dudosos y “no letales”, pese a las evidencias flagrantes de violaciones a leyes humanitarias y de genocidio.

Por su parte, la Unión Europea, junto con Washington, Londres y Ottawa, mantiene acuerdos comerciales y tecnológicos que han engrasado el aparato militar genocida del sionismo, incluyendo ingentes transferencias de componentes clave para aviones F-35 y sistemas de vigilancia, todo ello mientras ignoran sus teóricas "obligaciones legales internacionales".

Instrumentalización de la ayuda humanitaria

Además, el informe señala la instrumentalización de la ayuda humanitaria. Desde 2023 el Estado de Israel ha impuesto un bloqueo total a Gaza que ha provocado un estado de barbarie, con millones de personas en condiciones de dependencia extrema, hambruna y muerte, en parte agravado por la destrucción de infraestructuras básicas de Naciones Unidas y la sustitución por un sistema controlado por la colonización directa. Esta estrategia de doble juego, detalla el reporte, busca no solo mantener el control territorial sobre Palestina, sino implementar un genocidio alimentado por condiciones de vida diseñadas para la aniquilación progresiva de su población.

Llamada a la acción

Finalmente, el documento reclama que la llamada "comunidad internacional" no solo debe reconocer las responsabilidades legales de complicidad, sino "actuar de manera inmediata para suspender toda relación militar, económica y diplomática con Israel", especialmente en materia de comercio de armas y las llamadas "tecnologías duales", así como impulsar acciones judiciales para castigar a los responsables y asegurar la reparación integral y el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. La relatora insta a los Estados y a las sociedades a presionar por medidas efectivas de boicot, desinversiones y sanciones hasta que cesen las violaciones y se desmonte el régimen de ocupación y apartheid.