Moncloa riega la industria militar con 14.223 millones en préstamos al 0%
60% de los préstamos públicos, concedidos a dedo y que operan como subvenciones encubiertas, concentrados en diez empresas en menos de dos meses.
El Gobierno español ha adjudicado en mes y medio más de 14.200 millones de euros en préstamos sin interés y sin concurso y vinculados a hitos de ejecución a una decena de grandes firmas de la industria militar que saquean las arcas públicas. El 60% de este botín estatal se lo han repartido entre los consorcios de Indra y Escribano, mientras Airbus, Navantia y General Dynamics recogen el resto. Todo el proceso, blindado al escrutinio democrático y lanzado con la excusa mil veces repetida de “interés nacional”, es un regalo de recursos públicos a costa de la población y los servicios esenciales.
Los préstamos —a devolver, pero sin interés y sin riesgos para las empresas— funcionan como una subvención en la práctica, como detallan desde el Centre Delàs. Estas inyecciones financieras, destinadas a tapar agujeros de la empresa privada armamentística, reflotan gigantes zombis como Navantia y encubren cualquier asomo de déficit en las cuentas del Estado, porque se presentan como "préstamos reembolsables". Los decretos, aprobados en Consejo de Ministros y blindados bajo el artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la UE, excluyen toda comparación de ofertas y no publican ni siquiera una memoria justificativa, asegurando la total impunidad contable.
El sector militar español, lejos de disputar contratos, ha asistido a un festival de favores cruzados y conflictos de intereses: Indra y Escribano, entrelazados por vínculos familiares y empresariales, se reparten los mayores proyectos y ya preparan fusiones internas, mientras Telefónica y Oesía abren las puertas giratorias a ex altos cargos del Ejército para acceder a nuevas rondas de crédito. La promesa de "empleo" e "innovación nacional" no ocultan la realidad: estos fondos consolidan una red clientelar de la industria bélica, mientras aumentan el déficit estructural de forma velada y se recortan áreas sociales estratégicas enteras.
Como la presión del Tío Sam exige al Estado español elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB, el servil Ejecutivo de Pedro Sánchez prioriza inflar el presupuesto armamentístico hasta bien entrados los años 2030, asegurando “hitos” y pagos automáticos. El resultado: un saqueo a cámara lenta del erario público, por la puerta de atrás y bajo el pretexto de la “modernización”, bendecido por acuerdos a puerta cerrada entre ministros y grandes consorcios que ni siquiera pasan por el Congreso de los Diputados.
