Ocho personas detenidas durante la etapa de la Vuelta Ciclista que pasó por O Corgo (Lugo, Galiza) han sido citadas a declarar en diciembre bajo la acusación de "desórdenes públicos". Las activistas, que rechazan la criminalización de la protesta, denuncian la falta de coherencia de Gobierno español, al que acusan de apoyar públicamente "la libertad de expresión" mientras sanciona la movilización contra la participación del equipo Israel Premier Tech en la competición.

El conjunto israelí, cuyo propietario mantiene vínculos directos con el primer ministro Benjamín Netanyahu, generó manifestaciones en diversas localidades del recorrido. “Que este equipo recorra nuestras calles mientras su dueño colabora con el sionismo, responsable del genocidio palestino, es un intento de normalizarlo”, afirman las encausadas en un comunicado del 28 de octubre.

Durante las protestas, ocho personas fueron detenidas por la Guardia Civil en O Corgo y dos más en Monforte, mientras otras tres fueron identificadas por la Policía Nacional española. En total, trece personas están procesadas en la provincia de Lugo y podrían enfrentarse a sanciones administrativas de entre 3.000 y 5.000 euros solicitadas por la Comisión Antiviolencia ante la Delegación del Gobierno. “Nos criminalizan por ejercer nuestro derecho a la manifestación”, denuncian las personas afectadas.

Ante las elevadas sanciones, la plataforma Lugo por Palestina ha iniciado una campaña de solidaridad para cubrir los gastos judiciales y las posibles multas. Las aportaciones pueden realizarse en la cuenta de Caixa Rural Galega (ES60 3070 0032 9764 4952 6927) a nombre de A Hedreira, bajo el concepto Represaliad@s LA VUELTA. El colectivo anunció que, si se supera la cantidad necesaria, el excedente se destinará a la causa palestina.