Restricciones a la acusación popular en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Afecta directamente a la potestad de sindicatos y organizaciones para denunciar abusos.
El Gobierno español aprobó el pasado día 26 de octubre una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que transferirá las investigaciones penales de jueces a fiscales, además de limitar considerablemente la figura de la acusación popular. Este cambio, presentado por el ministro Félix Bolaños como "una modernización para homologar el sistema español al europeo", ha generado polémica porque afecta directamente a derechos y garantías tradicionalmente utilizados por sindicatos, y movimientos sociales para denunciar abusos y defender a los colectivos más vulnerables.
Para sindicatos y organizaciones, esta reforma implica un debilitamiento claro de sus herramientas jurídicas en la lucha social y política. Que ahora solo puedan ejercer la acusación popular entidades con "vínculo legítimo con la causa" elimina una vía crucial para presionar institucionalmente contra empresas, instituciones financieras o gobiernos que vulneren derechos colectivos. Esto podría traducirse en un aumento de la impunidad ante casos de desahucios masivos, represión de movimientos sociales o violaciones de derechos laborales.
La concentración de la instrucción penal en fiscales, cuya independencia está sujeta a la influencia de políticos profesionales y al mandato extendido del fiscal general, supone además un aumento del control partidista sobre el sistema judicial. La reforma también aumenta los mecanismos mediante los cuales el Ejecutivo puede influir en decisiones clave, como la designación, cese o supervisión del fiscal general, lo que anula aún más las garantías de cualquier tipo de "independencia" del poder judicial.
