Organizaciones anticarcelarias desmienten a 'El Mundo' sobre la violencia en prisión
La Campaña por la Abolición del Aislamiento Penitenciario afirma que los datos oficiales desmienten el supuesto "aumento de agresiones en las cárceles".
La Campaña por la Abolición del Aislamiento Penitenciario ha rechazado de manera categórica las afirmaciones publicadas por El Mundo el pasado 27 de agosto, en las que se vincula una aparente reducción del uso del régimen de aislamiento con un supuesto "incremento de agresiones al personal penitenciario". En una nota de prensa fechada el 13 de octubre, las entidades firmantes califican esa relación de carecer de fundamento y de basarse en una “correlación espuria sin base empírica”.
Los colectivos que conforman la campaña señalan que, de acuerdo con los datos oficiales de Instituciones Penitenciarias, el porcentaje de resoluciones en primer grado —el régimen más severo, equivalente al aislamiento prolongado— ha aumentado entre 2009 y 2024, alcanzando su punto más alto en 2023 (2,1%), frente al mínimo de 2011 (1,2%). “Es falso que la actual administración haya reducido la aplicación del régimen de aislamiento”, advierte la campaña. A la vez, las infracciones disciplinarias calificadas como "muy graves", que incluyen las agresiones a funcionarios, descendieron un 5,2% en 2023 y en torno a un 30% en 2024.
"El aislamiento no previene la violencia: la incrementa"
La Campaña subraya que “el aislamiento no previene la violencia: la incrementa”, y cita estudios de organismos internacionales como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) y Naciones Unidas, que han alertado reiteradas veces de que mantener a una persona más de 15 días sin contacto humano significativo constituye un trato cruel, inhumano o degradante. “El aislamiento penitenciario provoca graves daños psicológicos y físicos, incluyendo trastornos psiquiátricos, autolesiones y suicidios”, denuncia el comunicado.
Las organizaciones firmantes —entre ellas ALA, APDHA, Irídia, el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans y las asociaciones Salhaketa de Nafarroa y Araba— instan a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a “sustituir la lógica del castigo por una perspectiva comunitaria y de inserción”. En su declaración conjunta reclaman que se abandone el uso del aislamiento como herramienta de control y que se garantice atención mejorada a personas con adicciones, psicosis o discapacidad intelectual, que siguen siendo las más afectadas por esta práctica.
